Controversia por la suba del impuesto inmobiliario rural de Córdoba

El gobierno provincial enviará un proyecto de ley para incrementar entre 35 y 40% el tributo en 2017; los ruralistas se oponen y reclaman mejoras en la infraestructura

Controversia en Córdoba

 

El proyecto de presupuesto 2017 de la provincia de Córdoba está a punto de ingresar en la legislatura unicameral, junto a los cambios impositivos, y las entidades agropecuarias están en alerta porque el ministro de Agricultura, Sergio Busso, les anticipó que el Inmobiliario Rural aumentaría entre 35 y 40 por ciento. Ingresarían unos 300 millones de pesos más a la provincia por esta vía.

“La suba estará en línea con la aplicada por la provincia de Buenos Aires -dijo Busso a este diario-, y no tiene impacto en Bienes Personales porque están exentos y sería muy bajo el alcance en Ganancia Mínima Presunta. Habrá revalúo pero no alcanzará de lleno al impuesto porque tomaremos todas las medidas para que sea así”.

Los primeros en oponerse por “decisión de las bases” a un incremento del impuesto fueron los representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), aunque ya la posición es unánime en la Mesa de Enlace provincial. Hoy habrá una nueva reunión con gobierno.

Los productores señalan que este año las pérdidas por las inundaciones llegaron a 15.000 millones de pesos y que persisten los problemas de infraestructura vial y canalera, agravados por “la falta de mantenimiento de los últimos 30 años”, según expresaron los productores.

Además, habrá un revalúo de los campos, medida que no se toma desde 1993. “Buscamos un marco más racional, que un lote en Marcos Juárez valga igual en que Pergamino; hoy la relación es de 2000 pesos a 40.000″, apuntó Busso e insistió que, con todo, “como Buenos Aires revaluará 38%, los precios de Córdoba volverán a quedar debajo”.

Hugo Biga, protesorero de Cartez, explicó, que no se oponen a la revaluación “siempre y cuando no modifique impuestos” porque en ese ítem, los cordobeses pagan más. Ejemplificó con que los campos de la zona núcleo de Buenos Aires están valuados en $ 28.500 la hectárea pero por todo concepto (ARBA más tasa municipal) una hectárea en Colón paga $ 323,94, en Marcos Juárez $ 592,58 y en Armstrong (Santa Fe) $ 252,41.

Busso ratificó que la alícuota se manejará de tal manera que el revalúo no se trasladará completo al impuesto: “El que no produzca no pagará -los declarados en ‘desastre’ están exentos- o pospondrá el pago. No todos están en esas condiciones”.

Fondos específicos

Los productores también cuestionan los distintos fondos que integran el cedulón del Inmobiliario Rural: cuatro por ciento de impuesto básico; 26 por ciento para consorcios camineros (FoMarFin); 55 por ciento para infraestructura y gasoductos (Frig); tres por ciento para consorcios canaleros (FCC) y 12 por ciento para municipios y comunas (FIMuC).

“En Córdoba no usamos la recaudación del campo para pagar empleados públicos o salud; los fondos viales van a los productores y si hay mal manejo de los consorcios los deben resolver ellos que los integran”, opinó Busso.

La propuesta de Cartez es crear un ente que administre los fondos especiales canaleros y camineros, que vayan en cuenta aparte y que se administrada por la Mesa de Enlace provincial y después bajaría a las mesas regionales. Están convencidos de que bajarían costos y ganarían eficiencia en los trabajos.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura provincial informó que destinará $ 70 millones de su presupuesto a premiar las buenas prácticas agrícolas (respeto por el medio ambiente) a través de bonificaciones en el impuesto.

 

LA NACION / CAMPO

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