Crece la puja por el pago de regalías de la soja

Acopiadores advierten que podría trabarse la venta en la próxima campaña por una disputa con Monsanto

soja

La  comercialización de la próxima campaña de soja podría trabarse por una disputa abierta entre la multinacional Monsanto y entidades gremiales de productores y acopiadores de granos.

En la campaña pasada, Monsanto, que lanzó al mercado Intacta, una soja que incorpora la resistencia a insectos, impuso en los contratos de compraventa de granos una cláusula por la cual la soja que llegaba del Norte a los puertos debía ser analizada a fines de determinar si su productor o comercializador había pagado un canon por usar esa tecnología en la compra de la semilla. Si no lo había hecho, entonces debía abonarle con el grano la suma de US$ 15 por tonelada.

Este sistema de control privado, realizado a expensas del Estado, comenzó justamente a regir para la producción del Norte. A partir de marzo próximo, cuando empiece la cosecha en la pampa húmeda, se extenderá por primera vez a esta región.

De hecho, en la pampa húmeda, de donde sale más del 80% de la cosecha, los exportadores comenzaron a incluir en los contratos forward para la venta de soja de 2016 la cláusula de Monsanto. Los exportadores prestarán una suerte de servicio de policía privada a la multinacional para que ésta cobre en la venta de granos si un productor no le abonó antes.

Pese a que en realidad ya se sabía que Monsanto iba pretender extender su cláusula a todo el país, persiste una fuerte oposición, aparte de las entidades gremiales, de los acopiadores de granos, que rechazan la cláusula y que esta compañía los quiera obligar a actuar de agentes de cobro. Precisamente, los acopiadores de granos, actores comerciales a quienes los productores les entregan su soja, alertan que la comercialización podría verse en problemas.

“Éste es un conflicto que va a explotar en la nueva campaña porque Monsanto interfiere en la comercialización y no se va a ganar nada si se traba la comercialización”, dijo a LA NACION Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores, que reúne a unos 1000 socios.

En la entidad están preocupados porque al haber acordado Monsanto con los exportadores si los acopiadores quieren vender tendrán que aceptar la cláusula de la multinacional y, a su vez, cobrarles a los productores. “Quieren usarnos de cobradores”, se quejó Dente, que no obstante aclaró su apoyo al respeto a la propiedad intelectual pagando en la semilla.

La disputa ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 5 de junio pasado, la Federación de Acopiadores presentó dos demandas para que se declare ilegal la cláusula de Monsanto. Sin embargo, un juez federal, otro civil y comercial, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Cámara de Apelaciones de la justicia comercial se declararon incompetentes. Ante ese vacío ahora la Corte Suprema deberá definir qué juez analizará el reclamo de los acopiadores.

El Gobierno tuvo una posición ambigua en el conflicto. Primero dejó trascender que no intervendría, luego informó que solicitaría una declaración de certeza ante la Justicia para ver qué camino seguir, después prometió un decreto para frenar a Monsanto y finalmente anunció un proyecto de ley que aún no se conoce. En esas idas y venidas estuvieron el jefe de Gabinete, y candidato a gobernador bonaerense, Aníbal Fernández, y el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado.

La multinacional quiere cobrar argumentando que su tecnología está protegida por la ley de patentes.

Desde Monsanto, una fuente admitió que los contratos que los exportadores están haciendo para la entrega de la soja de la pampa húmeda en 2016 incorporan la cláusula por su tecnología.

“Estaba pensado que el sistema se lanzara para todo el país, ya que el año pasado fue para el NEA y el NOA. Es razonable que en todos los contratos esté la cláusula”, dijo una fuente de la empresa.

En la compañía destacaron que para la nueva campaña incentivaron con descuentos del 50% el pago anticipado de su tecnología, es decir, en la semilla y no sobre el grano. En rigor, la firma puso un precio de US$ 7 por tonelada para el productor que anticipaba la compra. Este valor contrasta con los US$ 15 por tonelada que habrá que pagar en el puerto.

fuente: La NAción

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