EN CÓRDOBA TAMBIÉN HAY PREOCUPACIÓN POR UNA SUBA DEL INMOBILIARIO RURAL

Estaría previsto en el Presupuesto 2015. La dirigencia advierte que no hay margen para aumentar tributos.

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La Comisión de Enlace agropecuaria de Córdoba expresó su preocupación ante la perspectiva de que el Gobierno provincial concrete un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural para el próximo ejercicio fiscal.

A través de un comunicado firmado por las cuatro entidades que integran la mesa (Cartez, SRA, Coninagro y Federación Agraria Argentina filial Córdoba), se advirtió que la situación económica que atraviesa el sector hace inviable una suba en los tributos provinciales.

La posición del agro cordobés se dio a conocer ante la proximidad de la definición del Presupuesto 2015 y luego de varias reuniones que el gobernador José Manuel de la Sota llevó adelante a lo largo del año con referentes empresarios y sindicales. Durante esos encuentros, las entidades rurales se manifestaron “respecto de la imposibilidad de afrontar incrementos de la carga impositiva provincial”, indicó La Voz del Interior.

Según los productores, en un contexto de economía altamente inflacionaria, como el que se está viviendo en el país, en el que se pierde la capacidad de asombro frente al continuo aumento en el precio del costo de vida “pareciera avalarse la idea de que cualquier incremento impositivo se inscribe en el lógico proceso de aumento generalizado de precios. Hasta se propicia la aceptación tácita de que la carga impositiva debiera acompañar el movimiento del índice inflacionario”, alertó la mesa agropecuaria.

La suba de los costos de producción, agravada por la inflación, y la caída en los precios internacionales han debilitado de sobremanera la rentabilidad agrícola que, en algunos casos, se convierte en negativa. Bajo estas condiciones, los productores sostienen que no hay margen para aumentar la presión tributaria, a la que ya identifican como excesiva.

“Desde 2013, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), señalan que la presión tributaria total en Argentina es la más alta de América latina, con el agravante de que una de las características centrales del sistema tributario argentino es el peso excesivo de los llamados impuestos distorsivos: gravamen al cheque, retenciones a las exportaciones y tributos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos. Los cuales en su conjunto y sumados a la aceleración de la inflación y a las distorsiones y restricciones cambiarias, continúan empujando hacia arriba a la ya altísima carga que los productores agropecuarios se ven obligados a soportar”, remarcan las entidades.

Añaden que, según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), la participación del Estado en la renta agrícola llegaba en septiembre al 81,7 por ciento. Lo cual significa que de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea en Argentina, el Estado (nacional, provincial y municipal) se lleva a sus arcas casi 82 pesos. Convirtiéndose de esa manera en el socio mayoritario al momento del reparto de ingresos, sin importar si los mismos provienen de ganancias o de recuperos de inversión.

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