Pese a menos retenciones, el complejo sojero aportará US$7.100 millones hasta 2019

El impacto de la disminución de los derechos de exportación del poroto, el aceite y la harina de soja asciende a US$451 millones en 2018 y a US$1.403 millones en 2019. Al considerar los ingresos por el biodiésel, el complejo sojero en su totalidad dejará de sumar US$1.630 millones en dos años

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El complejo sojero argentino aportará en concepto de derechos de exportación alrededor de 7.100 millones de dólares en los próximos dos años, pese a las disminuciones en las alícuotas que determinó el Gobierno nacional, que comenzaron a aplicarse este mes.
El cálculo, realizado por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC), buscó contrastar así los cuestionamientos políticos que recibió la disposición de rebajar progresivamente las retenciones que aún persisten sobre la soja (alícuota de 30%) y sus subproductos (27%), a razón de 0,5% mensual durante 2018 y 2019, que entró en vigencia el día 1 pasado.

“El argumento esgrimido es que el Gobierno beneficia al sector agroindustrial, mientras que en otros sectores económicos y sociales las reformas emprendidas generarían una pérdida de recursos. Sin embargo, es necesario recordar que los cambios en la política agropecuaria emprendidos a fines de 2015 no tuvieron por objetivo fijar un esquema de ventajas hacia la agroindustria en contraposición con otras actividades económicas sino, por el contrario, aminorar la detracción de recursos que ha sufrido la actividad de manera extraordinaria a partir del año 2002”, defendió la entidad bursátil.
Para ello, analizó que en el período 2002-2017 el complejo agroalimentario aportó en concepto de retenciones 86.450 millones de dólares, mientras que el resto los sectores económicos aportaron 33.070 millones.
“Si se considera solamente el complejo sojero, el aporte fiscal desde 2002 fue de 64.000 millones de dólares, equivalentes a 54% del total recaudado por derechos de exportación”, indicó y agregó: “A modo de comparación puede mencionarse que las reservas del Banco Central de la República Argentina totalizaron en 2017, US$55.055 millones”.

Al ser consultado respecto de la brecha de aportes entre el campo y el resto de las actividades económicas, Gonzalo Augusto, economista de la BCC, indicó que “con el tiempo será mayor. Hay que tener en cuenta que han ido desapareciendo la mayoría de las retenciones que tenían las otras actividades, como el cultivo de maíz, de trigo, de girasol y otras, con lo cual el aporte que haga el complejo sojero, en comparación con el que hacen las otras actividades, será cada vez mayor”.

Impacto fiscal del cambio
Según el trabajo realizado, la reducción en los derechos de exportación para el complejo sojero (excluyendo biodiésel) representa una resignación de recursos por el Estado nacional de $9.400 millones para 2018, equivalente a US$450 millones. Para 2019, el monto aumentaría por las alícuotas más bajas: ascendería a US$1.400 millones. De estos montos, el poroto de soja participa con 17%, la harina de soja con 59% y el aceite, con 24%.
Sin embargo, a partir de este mes, el Ejecutivo determinó que el biodiésel tendrá una alícuota de 8% para las ventas al exterior. De esta manera, se recaudarán US$112 millones por año, reduciendo la resignación de recursos fiscales por los cambios en las alícuotas de los otros productos.
“Por lo tanto, el impacto directo en las arcas del Estado sería de US$339 millones ($7.064 millones) para 2018 y US$1.291 millones ($30.724 millones) para 2019”, indicó.
Con el nuevo esquema, el complejo sojero continuaría aportando una gran cantidad de recursos: US$4.000 millones en 2018 y US$3.100 en 2019, lo que en pesos serían $81.700 millones y $72.800 millones, respectivamente, según se indicó.

La BCC recordó que la disminución de los derechos de exportación tendrá por efecto un alza de los precios sobre los principales productos sojeros, lo que se traduce en una suba de la base imponible sobre la que se tributan gravámenes como Ganancias, débitos y créditos,
IVA e Ingresos Brutos, entre otros.

Al considerar estos efectos, el Estado recaudaría 835 millones de dólares adicionales en 2018 y 2019; por lo que el costo fiscal “real” de la medida será de 795 millones de dólares para ambos años.

 

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