SOCIEDAD RURAL ARGENTINA RECHAZA PROYECTO DE LEY DE ABASTECIMIENTO.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) se sumó ayer a los cuestionamientos que genera elproyecto de ley de abastecimiento que impulsa el Gobierno, al considerar que la iniciativa es “inconstitucional” y “sólo profundizará la caída de la producción, la inversión y el empleo”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina rechazamos el proyecto de ‘regulación de las relaciones de producción y consumo’ que el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso. Se trata de una medida inconstitucional que lleva a la intervención total de la economía“, consideró la entidad.

A través de un comunicado, la SRA aseguró que “este tipo de intentos confiscatorios son los que alejan a las inversiones. Especialmente en momentos en que la economía se retrae y día a día se pierden puestos de trabajo”.

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El campo sabe de las consecuencias del autoritarismo y la excesiva intervención del Gobierno en el mercado, que no sólo afectó a los productores agropecuarios sino también a los consumidores”, recordó la entidad presidida por Luis Etchevehere.

Como resumen, la Sociedad Rural afirmó que “cualquier intento por profundizar este camino sólo puede llevar a incrementar la pérdida de producción, inversión y empleo”.

“Esto es diametralmente opuesto a las propuestas de políticas públicas que el sector privado viene planteando en el último año como necesarias para que se pueda expresar todo el potencial productivo de este país”, subrayó.

Por esa razón, convocó a “los legisladores nacionales a no acompañar un proyecto que sólo agravará la inseguridad jurídica y la situación social de un país en recesión, con inflación y pérdida de empleo”.

Ayer por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defendió el proyecto, al destacar que es un proceso de “transformación revolucionaria” y “una garantía reparadora para el consumidor”.

De esta manera, Capitanich salió a responderle a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que el martes rechazaron de plano la idea por considerar que “afecta la iniciativa privada”.

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