El sector de los biocombustibles vive el futuro con incertidumbre y angustia. Porque invirtió más de U$S2.000 millones y genera casi 200 mil puestos de trabajo. El 12 de mayo vence la Ley 26.093, más conocida como la Ley de Biocombustibles, sancionada en 2006 y que establecía el corte de los combustibles con 12% de bioetanol en las naftas y 10% de biodiesel en el gasoil.
Tras la aprobación de la norma, se establecieron 54 plantas de biocombustibles en 10 provincias del país con una inversión estimada en al menos 2.000 millones de dólares y generando casi 200.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta: 7.500 en el sector de biodiesel para mercado interno y externo, 160.000 en el de bioetanol a base de azúcar y 25.000 en el bioetanol a base de maíz.
“Lo que hay que hacer es preservar esa inversión», había dicho el presidente Alberto Fernández en una visita al norte del país semanas atrás. Lo cierto es que todavía no hay novedades de lo que pasará con esta actividad.
Mientras que en el Senado se aprobó extender dicha ley por unanimidad el 30 de octubre del año pasado, en Diputados todavía no se trató, a pesar de que el Presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, había prometido, en diciembre de 2020, tratarla en enero en sesiones extraordinarias.
Así las cosas, desde el sector y las provincias involucradas buscan de todas las formas posibles, con cartas de audiencia al Presidente y Diputados, solicitadas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, para que el Ejecutivo avance rápidamente en la prórroga.
“Estamos realmente nerviosos porque el 12 de mayo termina esta ley y si no hay ley, no hay cortes en las naftas ni en el gasoil por lo que se caería la demanda de nuestro producto y se tendrían que cerrar todas las plantas”, dijo Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
“Es una situación realmente insólita. No hay razón para que suceda esto a esta altura. Ya tendríamos que tener o una nueva ley o la prórroga del actual”, agregó Adam.
En este sentido, indicó que están buscando la manera de que haya una sesión especial en el Congreso. También está la posibilidad de que el Presidente de la Nación extienda por decreto la ley.
“No entiendo cuál es el juego, lo divertido de esperar a último segundo para hacerlo y poner en estado de alerta a todo el sector”, criticó el presidente de la cámara de bioetanol. Para Adam, como el Ejecutivo todavía no se definió sobre lo que quiere hacer con el sector, los diputados del partido todavía son reacios a tratar el proyecto.
Entre otros de los inconvenientes que trae no saber qué pasará con la ley de biocombustibles, Adam mencionó que los bancos no dan créditos a las empresas y caen las inversiones ya que no hay previsibilidad.
“Países vecinos crecen y crecen y nosotros no y eso es desesperante”, dijo haciendo alusión a que en Argentina se utilizan 1,5 millones de toneladas para producir bioetanol y se podrían usar 3 a 4 millones de toneladas simplemente con reglas de juego definidas.
Adam planteó la necesidad de una nueva ley más allá que a la actual la calificó de “ muy exitosa”. En el nuevo proyecto, el objetivo es que suban los cortes y que haya un mercado libre que compita con los combustibles con el objetivo de que haya más opciones para los consumidores.
En este último punto coincidió Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) “Consideramos que no se puede dejar el sistema pero hay que buscar debatir una nueva ley, superadora a la actual”, dijo el presidente de la organización.
Puntualmente, precisó que la nueva ley debería incluir que haya libre competencia entre las empresas eliminando el sistema de cupos y fórmulas que existen hoy.
De todas maneras, aclaró que debería ser de forma gradual para darle tiempo a todas las empresas se aggiornen. “Creemos que la Argentina es un gran exportador de aceite de soja y conceptualmente es bueno restringir esa oferta porque el mundo está inundado de aceite con la aparición del aceite de palma, más allá que hoy los aceites tienen buenos valores. El objetivo es transformar el aceite en combustible”, cerró.
Enojo
«Aunque en el Senado de la Nación se aprobó la prórroga a la Ley de Biocombustibles por unanimidad y se la festejó como política de estado, ahora el proyecto es un fantasma del cual ningún partidario del gobierno se atreve a apoyar en público y ya no se discute en el Congreso», dijo Alejandro «Topo» Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal.
En esta línea, alertó que el gobierno y la industria del petróleo tienen una estrategia común: reducir el uso de Biocombustibles en Argentina, con el argumento de los precios.
«Lo cierto es que, en lo que va del año 2021, se registraron 6 aumentos en el precio de las naftas y el Gasoil, pero sólo uno de ellos se explica por un incremento en el valor de los Biocombustibles. Las alzas de impuestos y del petróleo son más determinantes que las commodities», dijo en su red social.
«El gobierno tiene una clara decisión sobre la prórroga al régimen de promoción de Biocombustibles. Decidió no hacer nada y esa es la política pública al respecto. Favorece a las grandes empresas petroleras, perjudica a la producción federal, al agregado de valor y al trabajo», agregó el diputado.
Clarín rural
