Industriales encargados de abastecer el mercado externo pedirán al Gobierno Nacional una quita de las alícuotas a los derechos de exportación que favorezca al sector y permita mayor previsibilidad de ventas.
El Ministerio de Energía y Minería de la Nación publicó, a fines de la semana pasada, nuevos precios y retenciones para el biodiesel. En lo que respecta a las alícuotas móviles, aumentaron de un 1,62 por ciento (las más bajas en la historia) en el mes de enero a 3,89 por ciento para este mes.
En diálogo con energiaestrategica.com, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), declara que están solicitando al nuevo gobierno que lleve las retenciones a 0, tal como lo ha hecho en otros segmentos del mercado. Además, piden por la quita de la movilidad de las alícuotas, ya que el esquema actual no permite previsibilidad en las ventas a 3, 4 o 6 meses debido a su variación.
Ambas medidas serían de suma utilidad para el sector dada su realidad crítica. Por un lado, el barril de crudo de petróleo continúa barato (oscilando los 31 dólares), dejando fuera de competencia al biodiesel en aquellos mercados que no cuentan con una política de corte obligatorio en gasoil. Sumado a ello, recientemente Perú, una de las plazas de mayor consumo de biocombustible argentino, fijó derechos compensatorios a todas las empresas exportadoras nacionales expresados en dólares por toneladas, encareciendo el costo de las importaciones.
El motivo de la determinación pasa por un dictamen definitivo de primera instancia en el cual la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú dice haber verificado la existencia de subvenciones en la Argentina vinculadas a los Acuerdos de Abastecimiento del mercado local que implementaba la ex Secretaría de Energía de la Nación.
Desde la CARBIO rechazaron la medida y sostuvieron que se realizó “sobre la base de argumentos sin sustento ni legal ni técnico”. Anunciaron que apelarán “de inmediato la decisión” del vecino país.
