Según explicó el presidente de la Nación, se emitirá un DNU para «garantizar que la firma continúe funcionando» y que los trabajadores sigan en sus puestos de trabajo. En tanto, afirmó que la decisión permitirá que «alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a quien venderle».
El Estado dará un paso fundamental para recuperar participación en el mercado agrícola local, la que cedió por completo cuando disolvió la ex Junta Nacional de Granos (JNG) en 1991. La Vicentín pública será administrada por YPF Agro, con lo cual se creará un coloso que en 2019 exportó 11 millones de toneladas de granos y subproductos, pero que además podrá actuar de empresa testigo en múltiples rubros, como la carne vacuna, el algodón, los fertilizantes, el biodiésel y hasta el mercado de vinos.
En un giro inesperado de la trama Vicentín, cuyos activos eran disputados hasta ahora por varios grupos privados y cuyo concurso de acreedores, habilitado en febrero, tramita todavía en un juzgado de Reconquista, donde la firma nació hace 90 años, el presidente adoptó como propio un proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ministro de Producción, Matías Kulfas.
En varios tramos de una conferencia de prensa para anunciar esta medida, Alberto insistió que se trataba de un rescate “para que la empresa siga funcionandos y que sus trabajadores (unos 1.350), y fundamentalmente unos 2.600 pequeños productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle, además de que quedará en pie en la Argentina un operador de esta envergadura”.
Quién es Anabel Fernández Sagasti, la senador que ideó la estatización de Vicentin
Hasta su declaración de default, anunciada cinco días antes del recambio presidencial del 10 de diciembre, Vicentín era la principal empresa agrícola de capitales nacionales, junto a AGD y Molinos Río. Batallaba contra una serie de multinacionales que controlan el comercio exterior de granos y así también son determinantes en el flujo de divisas, como Cargill, Bunge, Dreyfus y la china Cofco. En 2019 había exportado 10 millones de toneladas de granos y subproductos (un 10% del total nacional), básicamente harina y aceite de soja obtenida en sus plantas del gran Rosario.
Alberto, al anunciar el avance del Estado sobre esta actividad crucial para la economía argentina, dijo que se haría en dos pasos. De inmediato el Estado ordenó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la intervención del grupo Vicentín y en simultáneo se enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar los bienes de esa compañía. El presidente habló de todos los bienes y no solo los de la compañía agrícola. Esto incluye el frigorífico Friar de Reconquista (uno de los principales exportadores de carne vacuna), una bodega en Mendoza, una desmotadora e hilandería en el norte de Santa Fe, una fábrica de jugos de uva en San Juan, la empresa láctea ARSA (que tomó los negocios más rentables de SanCor) y hasta una bodega en Mendoza. Todos estos activos están por fuera del concurso de acreedores que maneja un juzgado comercial de Reconquista. Vicentín también tiene parte de Renova, principal elaboradora de biodiésel del país, en sociedad con la multinacional Glencore.
La decisión más osada planteada en el proyecto oficial es crear un fideicomiso con esos activos y cederle la gestión de estos negocios a YPF Agro, la filial agropecuaria de la petrolera mixta YPF. Esta compañía también talla fuerte en el negocio agrícola, sobre todo por la venta de insumos a través de un centenar de centros de distribución en todo el país. Vende mucho a través de canje por granos, con lo cual también exportó en 2019 más de 1 millón de toneladas de cereales y oleaginosas. Es dueña además de parte de Profértil, la mayor compañía de fertilizantes de la Argentina.
La gestión inicial de esta nuevo grupo agropecuario estatal primero “intervenido” y luego “expropiado” se le encomendó a Gabriel Delgado, un economista del INTA que es bastante reconocido en el sector rural y fue uno de los candidatos a ministro de Agricultura hasta la sorpresiva irrupción de Lus Basterra, quien por cierto no formó parte del anuncio de esta suerte de regreso de la intervención estatal en el mercado agropecuario. Delgado tiene un discurso muy moderado que es de agrado de mucha gente en el sector rural. Incluso plantea un proyecto proactivo para hacer crecer las exportaciones de alimentos y la generación genuina de divisas. En la presentación en Casa de Gobierno celebró la fusión con YPF, un símbolo del yacimiento “Vaca Muerta”. Habló de crecer también en materia de agro a través de otro gran proyecto al que bautizó “Vaca viva”.
Si querés conocer el pensamiento de Delgado podés mirar esta entrevista reciente con: Matías Longoni de Bichos de Campo:
Quién es Gabriel Delgado, interventor de Vicentín
Alberto presentó a Delgado como un hombre que “sabe mucho sobre el sector agropecuario” e intentó enviar un gesto así de distensión con el agro, sabedor que finalmente la enorme mayoría de los productores tomará con gran resquemor cualquier intervención estatal sobre la actividad. Ese intento por llevar tranqulidad, sin embargo, se vio opacado por otras dos definiciones del Presidente, que habló de la necesidad de que el Estado cuente con una “empresa testigo” en el mercado de alimentos y que también utilizó un latiguillo muy frecuente de la militancia parra hablar mal del sector de los agronegocios: el de lograr la tan mentada “soberanía alimentaria”.
“Mañana irán los abogados a presentarse al concurso para hacerse cargo de la intervención que estamos disponiendo”, anunció el presidente. EL DNU respectivo se conoció este mismo martes.
Las plantas agrícolas de Vicentín están paralizadas desde que la empresa anunció que padecía de un insultante “estrés financiero” apenas 5 días antes del cambio de gobierno. Cuando se armó el concurso de acreedores, la deuda reconocida era de nada menos que 99.345.263.086,50 pesos, o el equivalente a 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento.
Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos (el rpesidente habló ahora de 2.600 productoresa), otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Entre ellos el Banco Nación, que habilitó créditos para prefinanciar exportaciones por cerca de 19.000 millones de pesos y se convierte en el principal acreedor. La existencia de esta deuda con la banca oficial fue la razón más esgrimida por los sectores oficialistas que en los últimos días habían pedido la expropiación de la empresa.
Pero además Vicentín quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia Vicentín, que fundó la aceitera en Avellaneda, en el norte santafesino, en 1929) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.
El daño que produjo el default de la aceitera fue muy grande entre los productores de Santa Fe. Por ejemplo, la cooperativa ACA, integrada por miles de productores, figura como el segundo mayor acreedor de la aceitera, ya que en su caso quedaron impagos granos por 4.929 millones de pesos, o su equivalente a 78 millones de dólares. El actual secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, proviene de esa empresa cooperativa.
La semana pasada, varios dirigentes políticos, sindicales y sociales del llamado “arco progresista”, la mayoría de ellos alineados políticamente con el gobierno, solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal” para evitar “una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.
Fuente: Bichos de Campo / Matías Longoni
