Sergio Busso fijó la posición de Córdoba ante la ley de Semillas en el Congreso Mundial de Alfalfa.

La futura ley nacional fue uno de los ejes que el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, tuvo en la apertura del 2° Congreso Mundial de Alfalfa.

Esta mañana en el Centro de Convenciones del Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, comenzó el 2° Congreso Mundial de Alfalfa, organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia.

El evento, que se extenderá hasta este miércoles, cuenta con la presencia de disertantes y asistentes de países como China, Estados Unidos, España, Francia e Italia, entre otros. El titular de la cartera productiva fue el encargado de abrir el Congreso, y entregó a los organizadores un aporte económicodesde el Gobierno de Córdoba para solventar parte de los gastos logísticos y operativos.

En su discurso, Busso se refirió al rol que la alfalfa cumple en una producción cada vez más sustentable, entre otros aspectos porque parte de los objetivos de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), tiene directa relación con la implantación de pasturas. De la misma forma, la alfalfa sirve además para la generación de valor agregado y es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la producción pecuaria, que en Córdoba viene creciendo tanto en stock como en genética.

Promediando su participación en la mesa principal, Busso hizo especial énfasis en una futura Ley Nacional de Semillas, como factor fundamental para el sostenimiento e impulso del sector granario. “Hemos firmado con las entidades representativas del sector rural un documento en el que dejamos clara cuál es la visión que desde Córdoba tenemos sobre la elaboración de una ley que regule esta actividad. Consideramos que debe enfocarse en la investigación, el desarrollo y la innovación; que esa tecnología y avance esté disponible para todo el mundo; y finalmente, que debe haber un garante para que esto se cumpla, y debe ser el Estado”, manifestó el ministro.

Busso hizo referencia a un documento elaborado y consensuado con los representantes de los productores, que contempla los principios rectores que debe tener la ley. Las partes más importantes de dicho texto son las siguientes:

“Sostenibilidad Productiva: Las normativas sobre el uso de semillas y/o creaciones fitogenéticas deberán facilitar la mejora en la productividad de las especies actuales y futuras 

Sostenibilidad ambiental: Las normativas sobre el uso de semillas y/o creaciones fitogenéticas deben contemplar la capacidad de mantener la productividad y diversidad de los aspectos biológicos, a lo largo del tiempo, y el equilibrio entre el ambiente y la actividad humana para satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.  

Promoción I+D+I: las políticas públicas deben promover la investigación, el desarrollo y la innovación en relación a las creaciones fitogenéticas.

Diversidad: las políticas públicas deben promover la diversidad de las especies.

Accesibilidad: las normativas sobre el uso de semillas y/o creaciones fitogenéticas deben asegurar que todos los actores puedan tener acceso a la tecnología.

No Dominancia: las normativas sobre el uso de semillas y/o creaciones fitogenéticas deben impedir la posibilidad de posiciones dominantes y/o monopolios.

Fiscalización y Control: el estado nacional debes ser el responsable de la fiscalización y control del cumplimiento de las normativas sobre el uso de semillas y/o creaciones fitogenéticas.

ASPECTOS ACORDADOS

El campo cordobés necesita un marco legal nacional que regule la comercialización y uso de semillas y que al mismo tiempo facilite el ingreso de nuevas tecnologías, estimule la inversión en investigación y desarrollo de nuevas variedades.

El estado nacional, las provincias y los organismos de CyT deben orientar, parte de sus fondos al desarrollo y el registro nacional e internacional de semillas y creaciones fitogenéticas alineadas con demandas concretas de mercado asegurando la participación de científicos, técnicos y otros actores intervinientes en los derechos y beneficios que estos generen.

Se acepta retribuir económicamente la propiedad intelectual de eventos tecnológicos incorporados en nuevos cultivares y/o variedades mientras duren los derechos de propiedad intelectual.

El pago de germoplasma y eventos tecnológicos debe efectuarse y concluir en el acto de compra de la semilla en una única factura.

El acceso a la semilla por parte del productor debe estar regulado por legislación nacional.

Se reconoce el uso propio limitado y oneroso a la cantidad originariamente adquirida, con excepciones para agricultura familiar, pueblos originarios, especies nativas y/o criollas y/o de libre disponibilidad (la ampliación de superficie implicará un pago adicional).

El Estado Nacional a través del INASE es el único encargado y responsable del control de la comercialización de semillas.

Promoción de uso de semilla fiscalizada mediante estímulos fiscales”.