Una medida cautelar de la jueza Martina Isabel Forns y el categórico rechazo de la Cámara alta ponen un alto, por el momento, al decreto 462/2025 que buscaba modificar la estructura del organismo clave para el agro, en medio de denuncias gremiales sobre su «vaciamiento».
El plan del Gobierno para reformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido detenido en seco por una combinación de decisiones judiciales y legislativas. Una medida cautelar dictada por la jueza Martina Isabel Forns y el posterior rechazo en el Senado al Decreto 462/2025, previamente objetado por Diputados, marcan un freno a la avanzada que pretendía transformar al INTA.
La decisión judicial, proveniente del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, se dio a conocer luego de que el Gobierno aprobara una nueva estructura organizativa para el organismo. El decreto en cuestión buscaba que el INTA dejara de ser un organismo descentralizado y autárquico para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura como un ente «desconcentrado». Esta modificación implicaba la supresión de la Dirección Nacional y la disolución del Consejo Directivo, figuras históricas del instituto.
La magistrada Forns hizo lugar a un pedido de amparo presentado por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entendiendo que se configuraban los requisitos de «verosimilitud en el derecho» y «peligro en la demora». En consecuencia, la jueza ordenó al Poder Ejecutivo «abstenerse» de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto que implique traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA. Esta cautelar tendrá una vigencia de seis meses.
Los gremios, representados por Mario Romero de Apinta y Rodolfo Aguiar de ATE, argumentaron que el decreto implicaba la disolución del organismo como ente autárquico y su conversión en una oficina desconcentrada, lo que consideraron un «vaciamiento contrario al decreto-ley 21.680» que dio origen al INTA. Además, advirtieron que la medida afectaría derechos adquiridos, la estabilidad del empleo público y la vigencia de los convenios colectivos de su personal.
El escrito gremial también planteó que la Ley de Bases, de la cual se desprende la acción ejecutiva, constituye una «delegación legislativa irrazonable» y un «ómnibus normativo» que permite al Ejecutivo intervenir en organismos estratégicos sin el debido debate parlamentario. Adicionalmente, alertaron que la supresión del INTA representaría un retroceso institucional con graves consecuencias para el desarrollo agropecuario, la investigación y la planificación territorial. La jueza Forns coincidió con las organizaciones al señalar que, de avanzar el decreto, «podría configurarse un daño irreparable sobre derechos laborales y sindicales». Subrayó que los artículos 73 y 74 del decreto subordinan la estabilidad del personal a la discrecionalidad administrativa, lo cual contradice la legislación laboral y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional.
Paralelamente a la decisión judicial, el Senado de la Nación se pronunció también en contra del decreto 462/2025. La Cámara alta rechazó el decreto por 60 votos en contra, con solo 9 a favor y dos abstenciones, sumándose así al rechazo previo de la Cámara de Diputados. Este doble frente, legal y parlamentario, ha puesto un freno, al menos por ahora, a las intenciones de reforma del Gobierno sobre el INTA.
Fuente: Diario la Nación
