Una exhaustiva investigación judicial expone presuntas maniobras de funcionarios gubernamentales y dirigentes cercanos al oficialismo para hacerse con el control del gremio rural UATRE y su millonaria obra social, Osprera, revelando una red de complicidad con implicaciones financieras y políticas que alcanza a la Casa Rosada.
La justicia federal avanza en el desmantelamiento de un complejo entramado de supuesta corrupción que involucra a importantes figuras del gobierno y del ámbito político en el intento de tomar el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y su obra social, Osprera. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, en el marco de una causa que investiga a este funcionario y al diputado nacional Pablo Ansaloni por presuntas maniobras para apropiarse del control de Osprera.
Un Gremio en el Ojo de la Tormenta
Desde la muerte de sus históricos líderes, Gerónimo “Momo” Venegas en 2017 y su sucesor Ramón Ayala, UATRE, actualmente conducido por José Voytenco, ha estado envuelto en una serie de denuncias y contrademandas, muchas de ellas relacionadas con las finanzas de Osprera, una de las principales obras sociales del país que asiste a miles de peones rurales y sus familias. La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, ha revelado inquietantes audios que vuelven a colocar en el foco de sospecha a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y a los dirigentes Martín y Lule Menem.
En febrero pasado, el secretario general de UATRE, José Voytenco, formalizó una denuncia contra el diputado Pablo Ansaloni –exdirigente de UATRE que perdió las elecciones gremiales en 2022–, Claudio Alberto Aquino, director de asociaciones sindicales de la Secretaría de Trabajo, y Marcelo Carlos Petroni, interventor de Osprera. La acusación central: planear la intervención del gremio y su obra social para quedarse con el control de ambas organizaciones.
El ‘Modus Operandi’ y las Conexiones Peligrosas
Las pruebas recopiladas por la Fiscalía sugieren un plan criminal coordinado. Uno de los puntos de conexión es la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, que se presenta como un denominador común en esta causa y otra investigación. Desde la intervención de Osprera a fines del año pasado (2023), Marcelo Petroni, como interventor, firmó transferencias por 7.700 millones de pesos a esta droguería hasta marzo de este año (2024).
La investigación ha documentado reuniones de Pablo Ansaloni con funcionarios de la administración Milei en la Secretaría de Trabajo y en las oficinas de Osprera, presuntamente con el objetivo de tomar el control absoluto del sindicato y su obra social. Los diálogos de WhatsApp analizados por el fiscal Marijuan son reveladores:
• Petroni afirma que «Nadie más que los Menem están impulsando la intervención de uatre. Me consta».
• En otro chat, Petroni da órdenes a Sergio Aguirre, socio de Martín Menem en otra empresa, HTech, indicando: «avísale a Lule» y «Eso lo tiene que saber Martin y Lule».
• Las comunicaciones muestran a Petroni coordinando encuentros con altos funcionarios como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para luego reportar que iría «después con Martin Menem en Casa Rosada».
• Incluso, Petroni llegó a afirmar: «Julio tiene que poner huevos. Hay que intervenir UATRE».
Pruebas Contundentes y Solicitudes de Indagatoria
El documento de la Fiscalía que impulsó el allanamiento a la Secretaría de Trabajo detalla una denuncia penal por la presunta conformación de un plan criminal para intervenir UATRE por parte de varios funcionarios y exfuncionarios. Además de las transcripciones que muestran lazos con la Casa Rosada, se han recopilado pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad, documentos administrativos, y se han realizado análisis forenses de dispositivos electrónicos incautados.
La Fiscalía ha solicitado la declaración indagatoria de seis personas por presunta corrupción, incluyendo a Pablo Ansaloni, Julio Cordero y Claudio Aquino, basándose en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación que permite la indagatoria ante sospechas fundadas. Se considera que hay evidencia suficiente de que los imputados utilizaron sus influencias para apartar a las autoridades legítimas del sindicato.
Contradicciones Judiciales y Libertad Sindical
A pesar de estas maniobras, la Cámara Nacional de Apelaciones desestimó la intervención judicial solicitada por la Secretaría de Trabajo sobre el sindicato UATRE. La sentencia de la Cámara destacó la «falta de verosimilitud» en la solicitud de intervención y enfatizó la importancia del principio de libertad sindical, determinando que la disputa debía resolverse por vías organizacionales y no judiciales.
No obstante, la obra social Osprera sí está intervenida desde 2024, con Marcelo Petroni como titular, basándose en una causa penal por manejo irregular. La Fiscalía continúa investigando esta intervención, implicando a varios funcionarios en un posible acuerdo criminal. José Voytenco, el actual líder de UATRE, se opone firmemente a la intervención impulsada por el diputado Pablo Ansaloni.
La trama de poder y corrupción en UATRE y Osprera, con la presunta participación de altos funcionarios y dirigentes cercanos al gobierno, promete seguir generando titulares a medida que la justicia avance en el esclarecimiento de estos hechos.
Fuente: Noticias Argentinas
