La entidad presentó ante legisladores nacionales una propuesta de reforma al Código Penal que busca sancionar con hasta cinco años de prisión la destrucción de silobolsas, cultivos y ganado, con el fin de brindar mayor seguridad jurídica a la producción agropecuaria.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha presentado formalmente ante legisladores nacionales un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar y sancionar de manera específica los delitos que atentan contra la producción agropecuaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces para enfrentar hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.
Hacia una nueva figura legal: el «Vandalismo Rural»
El corazón de la propuesta radica en la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal, sumado a la incorporación del artículo 184 bis, el cual crea formalmente la figura de «Vandalismo Rural». Bajo esta nueva tipificación, se contemplan penas de dos a cinco años de prisión para aquellas personas que afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad.
Desde CRA enfatizaron que esta medida trasciende la protección de bienes materiales. «No se trata solo de proteger objetos, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país».
Actualización frente a nuevas modalidades delictivas
La entidad gremial fundamenta la necesidad de este cambio legal en el hecho de que los ataques a silobolsas y establecimientos rurales se han convertido en una práctica reiterada que, hasta el momento, no ha encontrado una respuesta penal acorde a la gravedad del daño provocado. Según los referentes de CRA, el Código Penal actual presenta falencias que dificultan una actuación judicial efectiva ante estos hechos.
Además de la creación del vandalismo rural, el proyecto propone:
• Actualizar la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos.
• Establecer escalas penales diferenciadas basadas en la existencia de dolo, imprudencia o negligencia.
• Agravar las penas cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Seguridad jurídica para el interior productivo
Para CRA, es imperativo que la legislación evolucione al mismo ritmo que el delito para evitar la impunidad y ofrecer certezas a las víctimas. El proyecto no solo busca beneficiar a los productores individuales, sino que pretende fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural para contribuir al desarrollo económico y social de todas las comunidades del interior del país.