El Decreto 682/2025, que estableció una alícuota de 0% en retenciones a granos, fue aprovechado por multinacionales para registrar más de 7.000 millones de dólares en 72 horas, generando un supuesto «fraude» a costa del Estado y dejando a los productores primarios con beneficios marginales. La acusación anónima señala a Bunge, Cargill y otras gigantes como partícipes necesarios.
Una denuncia anónima ha ingresado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) el pasado viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana, acusando al presidente Javier Milei y a varios miembros clave de su gabinete por presuntos delitos relacionados con el reciente decreto de retenciones cero a la exportación de granos.
La medida bajo escrutinio es el Decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial el lunes 22 de septiembre, que establecía una alícuota de 0% en las retenciones a la exportación de granos. El beneficio estaba limitado a un cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o hasta el 31 de octubre.
Lo que el Gobierno presentó como un «alivio para el campo», se convirtió en una ventana de oportunidad ultrarrápida para las grandes exportadoras. Filiales locales de gigantes globales como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill se lanzaron a registrar DJVE «a toda velocidad».
En menos de 72 horas, se anotaron operaciones por más de 7.000 millones de dólares, obligando al cierre del programa al alcanzarse el cupo límite. Para poner esto en perspectiva, la cifra registrada en solo tres días equivale a un tercio de las exportaciones anuales de granos del país.
El Mecanismo de las DJVE bajo la Lupa
La denuncia se centra en cómo las exportadoras utilizaron la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE). Las DJVE son una declaración unilateral de la exportadora para reservarse el derecho de exportar un volumen específico con una alícuota de retención determinada. Es crucial notar que estas declaraciones no son embarques reales ni ventas cerradas, y no requieren que el grano ya esté comprado o acopiado.
Según la denuncia, al registrar las DJVE con una alícuota del 0%, las empresas se aseguraron el beneficio fiscal para volúmenes que pueden comprar, vender o embarcar dentro del próximo año. El conflicto surge porque, cuando estas multinacionales salgan a adquirir la mercadería a los productores, estos últimos ya estarán pagando retenciones en sus liquidaciones. Los denunciantes sostienen que esta diferencia se convierte en una ganancia extraordinaria para la exportadora, en detrimento del Estado.
Bronca en el Primer Eslabón de la Cadena
Mientras que las multinacionales aseguraron márgenes por miles de millones de dólares, el impacto positivo para los productores primarios fue descrito como marginal. Durante los días de vigencia de la medida, los precios en el mercado subieron alrededor de un 15% en dólares, cuando, según las estimaciones, podrían haber aumentado al menos un 26%.
La «ventana» de alivio duró apenas un par de jornadas, generando la sensación en el sector primario de que la medida «estuvo pensada exclusivamente para las cerealeras, no para ellos». Este clima de desconfianza se extendió hacia el propio Gobierno.
Los Acusados y los Cargos
La presentación penal, que ya está en manos del fiscal Sergio Rodríguez, acusa formalmente al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta.
Los delitos imputados son administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Además de los funcionarios, la denuncia apunta directamente contra las principales exportadoras que se beneficiaron de la medida: Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, señalándolas en calidad de «partícipes necesarios» de los hechos.
