Estación General Paz: ELEVAN A JUICIO CAUSA POR FOTOMULTAS

Es el primer caso que llega a esa instancia. La causa fue iniciada en 2010, por las infracciones labradas en Estación General Paz

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Una causa judicial iniciada en 2010 por supuestas ilegalidades en la aplicación de fotomultas sobre rutas en una localidad cordobesa fue elevada a juicio oral. Será el primer caso de este tipo que llega a esta instancia en la provincia e involucra a la comuna de Estación General Paz (departamento Colón) y a la empresa con la que había firmado el contrato para operar el sistema.

El fiscal en lo Penal Económico Gustavo Hidalgo requirió la elevación a juicio con seis imputados. Se trata de Carlos Héctor Borgobello,  Marcela Marconetto y Pascual Suárez, quienes en 2010 eran presidente, secretaria y tesorero, respectivamente, de la Comuna de Estación General Paz, como coautores de exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada. También deberán comparecer Alejandro Abeliansky, apoderado de la empresa Distribuidora Sertran SA.; Virginia Mónica Guala, apoderada de la firma Extrategic Group SA., como supuestos partícipes necesarios de exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada. Se agrega a la lista Daniel Hernán Torres, juez de Faltas de la Municipalidad de Salsipuedes, a través de la cual se labraban las actas de infracción.

El hecho que se les atribuye es que «conociendo que su actuar era contrario a las leyes y reglamentos de tránsito habrían dispuesto exigir en forma indebida a todas las personas que transitaran en vehículos por la Ruta Nacional 9», a su paso por esta comuna,. «el pago de sumas de dinero por multas, de diversos montos, por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8560 (adelantamiento en lugares donde estuviere prohibido, superar el límite máximo de velocidad permitido y uso obligatorio de luces bajas).

La comuna., a través de esas empresas, montó un sistema de cámaras para captar las infracciones, en base a las cuales labraba las actas. Cuando en 2010 el fiscal Carlos Matheu inició la causa, ordenó además el retiro de todos los equipos.

Desde entonces, no funcionan más en esa localidad. En ese tiempo, había 18 localidades cordobesas que aplicaban fotomultas sobre travesías urbanas de rutas. Actualmente, el sistema es aplicado en al menos cinco pueblos y ciudades, con una controversia jurídica que no parece cerrada, incluso a pesar de un fallo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia que no hizo lugar a un recurso planteado por los municipios que apelan a este sistema de control.

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El caso

La resolución judicial parte del hecho de que la Provincia, desde 2007, sostiene mediante resoluciones que es ilegal el procedimiento de los municipios que cobren multas sobre rutas, aunque éstas atraviesen zonas urbanas, sin respetar la modalidad que la ley provincial establece, y que impide la práctica de labrar multas sin presencia de inspectores en el lugar y sin entrega en el acto al infractor. Según la Provincia, en calles y avenidas urbanas los municipios sí son autónomos para aplicar sus propios criterios.

En el caso de Estación General paz, la comuna se quedaba con el 30 por ciento de la recaudación por multas y las empresas que explotaban el sistema con el 70 por ciento. Es el mismo modelo que aplicaron la mayoría de los municipios que usaron o aún usan este sistema

En este caso, el fiscal marca que la empresa Sertran fue contratada para la locación y mantenimiento de equipos de captura de imágenes y Extrategic Group para el procesamiento y gestión de cobro de infracciones. Mientras, regía un convenio para la gestión, juzgamiento y cobro administrativo de las multas por parte del juez de Faltas de Salsipuedes.

Según la acusación, «el beneficio económico obtenido por el sistema sería indebido para la administración comunal, compartiendo en diversos porcentajes con las empresas y la administración de faltas».

La Fiscalía informó que «una vez notificada la resolución a los defensores (de los imputados), estos se opusieron a la medida, encontrándose a la fecha en el Juzgado de Control en lo Penal Económico».