La jueza Martina Isabel Forns intimó al gobierno bajo advertencia de una sanción diaria de $10 millones y posibles cargos penales por desobediencia a la autoridad judicial.
En una decisión trascendental que ha generado alivio en el sector agropecuario, la jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, ha dictado un fallo que frena los pases a disponibilidad de 286 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La magistrada intimó al Poder Ejecutivo Nacional al «inmediato cumplimiento» de una medida cautelar previamente establecida, ordenando dejar sin efecto las acciones que afectan a estos trabajadores.
El fallo incluye una severa sanción económica de $10 millones por cada día de demora en el cumplimiento de la orden judicial. Además, la jueza Forns advirtió que el desacato a la resolución podría configurar el delito de desobediencia a la autoridad judicial, acarreando posibles consecuencias penales para los funcionarios involucrados.
La resolución judicial, firmada ayer, representa un giro decisivo en el conflicto desatado por la resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que había puesto en disponibilidad a los trabajadores del INTA. Según Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), el Estado Nacional estaba actuando de forma ilegal al avanzar con estas medidas, a pesar de estar notificado de la cautelar. Romero explicó que «el decreto 462/25 ya no existe, no está más vigente, y además la jueza intimó al Estado a no tomar ninguna medida con los trabajadores de ese listado de 286».
La reacción en el ámbito sindical fue inmediata y de celebración. Tanto la Asociación del Personal del INTA (Apinta) como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), impulsores de la acción de amparo, festejaron el fallo como un triunfo colectivo. Los sindicatos habían recurrido a la Justicia ante la falta de respuesta y el avance de los «ajustes» por parte del Ejecutivo vía administrativa.
Con esta decisión, la Justicia Federal le impone un freno categórico a las medidas que afectaban a los empleados del INTA, con la clara advertencia de que cualquier avance por parte del Gobierno en contra de lo dictaminado implicaría el incumplimiento de un fallo judicial y la consecuente activación de la multa diaria y la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia.
Fuente: La Nación
