En diálogo con MundoAgro, el Ministro de Bioagroindustria ponderó la Ley aprobada ayer con un amplio consenso por la legislatura. Uno de los cambios más significativos es la titularidad de la vía, que ahora recae en el Ministerio de Agricultura de la provincia. Dio detalles de la nueva normativa.
La provincia de Córdoba ha dado un paso fundamental hacia la modernización y eficiencia de su vasta red de caminos rurales no pavimentados con la sanción de una nueva ley largamente esperada. El Ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, le dijo a MundoAgro que «esta normativa, que reemplaza una legislación de más de 40 o 50 años, fue impulsada por los propios productores y consorcistas, quienes plantearon la necesidad de un cambio al gobernador Martín Llaryora cuando aún era candidato. La iniciativa busca mejorar la gestión de los más de 57.000 a 58.000 kilómetros de la red secundaria y terciaria, que actualmente son conservados y mantenidos por más de 285 consorcios camineros», destacó.
Desde un primer momento, la provincia destacó que la construcción de esta ley se caracterizó por un amplio consenso, lográndose la participación de todos los sectores involucrados, incluyendo consorcios, productores y bloques parlamentarios de distintos partidos políticos. Este proceso duró aproximadamente un año, culminando en una normativa que fue votada por la práctica totalidad de la oposición, salvo contadas excepciones por motivos técnicos, sin discutir el fondo del tema. «Fue fundamental dar ese paso, dijo Busso. Estas son políticas públicas de Estado. Esas que nosotros siempre decimos vienen para quedarse, no que trasciendan los gobiernos», afirmó el titular de la cartera productiva, agradeciendo la madurez de la oposición por dejar de lado diferencias personales en pos de una ley de futuro.
Gestión Centralizada y Visión Integral
Uno de los cambios más significativos es la titularidad de la vía, que ahora recae en el Ministerio de Agricultura de la provincia. Esta decisión, tomada al inicio del gobierno de Martín Llaryora, otorga a dicho ministerio la autoridad de aplicación del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es el que dispone de los recursos para este tipo de infraestructura. Esto permitirá una gestión mucho más ágil y eficiente.
La nueva ley introduce una mirada integral sobre la infraestructura rural. No se limita solo a los caminos, sino que también abarca la conservación del suelo. Se reconoce que invertir en un camino sin resolver la sistematización de una cuenca hídrica en un campo aledaño puede llevar a la pérdida de todo el esfuerzo y el dinero invertido. Esta visión estratégica busca resolver la causa de los problemas, garantizando que el levantamiento de un camino no sea en vano cuando llueva.
Fortalecimiento de los Consorcios y Mayor Transparencia
Los consorcios camineros, una figura única de Córdoba donde los propios productores asumen la responsabilidad descentralizada del mantenimiento, continuarán siendo la herramienta central. Su probada utilidad es reconocida, pero la ley busca dotarlos de mayor eficiencia y transparencia. Para ello, se han incorporado pautas institucionales como:
• La no reelección de los mandatos.
• Mandatos más acotados.
• Una participación mucho más plural.
Estas medidas apuntan a fomentar una mayor participación ciudadana y un compromiso colectivo, evitando que la responsabilidad recaiga en unos pocos. Además, la ley busca asegurar los recursos y mejorar la eficiencia a través de un mejor equipamiento.
Un Modelo Virtuoso y Eficiente
El Ministro Sergio Busso aseguró que a partir de esta nueva Ley de Caminos, el sistema cordobés, basado en la relación público-privada, es considerado «muy virtuoso» y eficiente en comparación con otras provincias. Mientras que en Santa Fe y Buenos Aires el arreglo de caminos recae en los municipios (es decir, en el Estado), y en Entre Ríos en una entidad provincial con un gran número de empleados, Córdoba destaca por su modelo. «A modo de ejemplo, Entre Ríos utiliza 1.700 empleados para 17.000 kilómetros de caminos, mientras que el sistema cordobés cuenta con solo 550 empleados, que no son estatales, sino de los propios consorcios. Estas «ventajas comparativas» resaltan la efectividad del sistema cordobés para mantener y conservar su infraestructura rural, señaló el titular de Bioagroindustria.
Por último, Busso describió la importancia de los caminos secundarios de la provincia: «Estos caminos rurales son más que vías de circulación; son fundamentales para sacar la producción, asegurar el arraigo, el desarrollo en el sector productivo, permitir la llegada a una escuela rural o el acceso a servicios de salud y patrulla rural en caso de necesidad. Con esta nueva ley, Córdoba consolida una herramienta normativa estratégica para el futuro de su producción agropecuaria y la calidad de vida de sus habitantes en el campo».
