El personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo público descentralizado con una trayectoria de casi siete décadas, se encuentra en estado de alerta y movilización. Denuncian un proyecto de reestructuración impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que prevé una reducción de personal estimada en 1.700 puestos, la eliminación de estructuras clave y la venta de activos. El gremio advierte que estas propuestas comprometen el futuro de la innovación y la producción agrobioindustrial argentina.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), fundamental en el desarrollo agrobioindustrial del país, está experimentando una fuerte tensión institucional. Según APINTA, el gremio que representa a los trabajadores, durante más de un año se han sucedido iniciativas destinadas a “afectar el funcionamiento y la capacidad operativa del INTA”.
Estas medidas, atribuidas al Ejecutivo y promovidas internamente por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, incluyen una redefinición unilateral de las líneas de investigación y un proceso de “estandarización interna”. La principal preocupación radica en la reducción de personal, que se estima en 1.700 puestos, la cual se instrumentaría mediante la eliminación de estructuras, el pase a disponibilidad y/o un nuevo plan de retiros voluntarios.
Reorganización Territorial y Venta de Activos
El plan de reestructuración implica modificaciones sustanciales en la organización interna del INTA. Se propone reducir sus seis Centros de Investigación a solo tres, afectando específicamente al Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), al Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) y al Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).
En cuanto a la presencia territorial, el plan contempla la reorganización de los 15 Centros Regionales actuales en únicamente cuatro macro-regiones: NOA, NEA, Centro y Sur. Este rediseño podría llevar a la derogación o cierre de 293 Agencias de Extensión Rural (AER), consideradas piezas clave en la articulación con productores y actores locales.
Además de la afectación a la estructura operativa, el esquema en debate incluye la venta de tierras del organismo y la posible liquidación o transferencia de las Unidades de Vinculación Tecnológica, tales como INTeA, la Fundación ArgenINTA y el sistema de Cooperadoras de las EEAs, encargadas de la transferencia tecnológica al sector productivo. También se propone eliminar el funcionamiento matricial del INTA, un modelo esencial para detectar las demandas regionales y orientar las líneas de trabajo en función de ellas.
Resistencia y Llamado a la Unidad
Pese a las intenciones de cambio, las iniciativas del Ejecutivo han encontrado resistencia. Organizaciones sindicales, trabajadores movilizados, legisladores nacionales que impulsaron la derogación del Decreto Delegado 462, y una medida cautelar de la Justicia lograron frenar parte de los cambios previstos, manteniendo hasta el momento la estructura vigente.
Frente a este escenario, APINTA hace un llamado a la organización interna y al acompañamiento de las entidades que integran el Consejo Directivo Nacional. El gremio sostiene que preservar el modelo público-privado del INTA es crucial para evitar que propuestas de esta naturaleza comprometan el futuro de la innovación y la producción agrobioindustrial argentina, área donde el instituto ejerce un rol central desde su creación.