El Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba llevó a cabo en febrero un nuevo relevamiento sobre los arrendamientos agrícolas en dicha provincia de 2016 a los efectos de captar la existencia de cambios de última hora en el cierre de los contratos. Si bien el costo de alquiler se ubicaría 0,5 quintales de soja por hectárea por encima de la anterior estimación, promediando los 8,5 quintales, en el comparativo intercampaña significa una disminución de un quintal.
De esta forma, en el 65% de los departamentos analizados, el costo del arrendamiento fue ajustado al alza en el periodo transcurrido entre el segundo relevamiento (Octubre 2015) y el tercer relevamiento (Febrero 2016), donde Totoral, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña mostraron las subas más significativas, con incrementos que van desde 22% al 33%. Solo en los departamentos de Tulumba, Río Seco y Río Primero disminuyó el costo de alquiler inter relevamiento, entre 7% a 17%.
Aumento contra la anterior estimación
Ésta situación llevó a que el precio de arrendamiento promedio provincial sea revisado en 0,5 quintales al alza, llegando a un nivel de 8,5 qq/ha para la campaña 2015/2016. El nuevo valor de arrendamiento para la provincia representa una disminución de un quintal frente al ciclo 2014/2015 y consolida una tendencia a la baja que ya lleva 4 campañas.
Arrendamientos a porcentaje
Una de las características distintivas de la presente campaña fue el incremento del arrendamiento bajo modalidades a porcentaje, donde departamentos del norte de Córdoba (Totoral, Rio Seco y Colón), cerraron en rangos del 25% a 30%, e incluso se fijaron umbrales mínimos de rendimiento a partir de los cuales comenzaba a regir el porcentaje a cobrar.
En Departamentos como Río Segundo y General Roca se pactaron rangos de entre el 20% al 25%. Asimismo, se verificaron contratos puntuales para la siembra de maíz, donde se llegó a cobrar entre 2,5 a 2 quintales de soja por hectárea menos que para siembra de la oleaginosa, o con cláusulas a porcentaje del 20% sobre el rendimiento final, buscando priorizar la conservación de los suelos.