A través del Decreto 585/2025, el Ministerio de Economía establece un nuevo organigrama y funciones para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros entes del sector agropecuario, en una medida que busca la «transformación» pero enfrenta el rechazo inicial de Diputados y se debate ahora en el Senado.
El Gobierno nacional ha oficializado la nueva estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como la modificación de otros organismos clave del sector agropecuario. La medida fue implementada mediante el Decreto 585/2025 del Ministerio de Economía, que fija nuevos parámetros y modifica los objetivos y organigramas de instituciones como el INTA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre otros.
Este cambio se enmarca en un proceso de «desconcentración del organismo». Al frente del INTA se encuentra ahora Nicolás Bronzovich.
Sin embargo, la implementación de estas modificaciones no está exenta de controversia. El decreto que las habilitó se encuentra actualmente «bajo discusión en el Congreso». La Cámara de Diputados ya ha rechazado el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), y la discusión se ha trasladado al Senado.
Desde el Gobierno, se ha calificado esta reestructuración como una «transformación». Como parte de este proceso, se han disuelto «diversos regímenes, comisiones, programas, registros y un consejo», y todas sus funciones y dependencias han pasado al ámbito del Ministerio de Economía.
El decreto detalla las nuevas funciones del INTA, que incluyen:
• «Entender y gestionar la planificación, monitoreo y evaluación institucional y los instrumentos programáticos estratégicos y operativos, en articulación con las distintas áreas e instancias institucionales para la ejecución de las actividades sustantivas del Instituto».
• Coordinar las acciones de los componentes estratégicos relacionados con las relaciones institucionales y la vinculación tecnológica, con el fin de identificar oportunidades tecnológicas e implementar distintos instrumentos.
• «Garantizar la protección de la propiedad intelectual, para promover la transferencia de tecnología, la adopción de los conocimientos científicos y los desarrollos tecnológicos del Instituto, la innovación en el Sistema Agrobioindustrial (SAB)».
La evolución de este decreto en el Senado será clave para determinar el futuro de la nueva estructura de estos organismos esenciales para el sector agropecuario.
Fuente: Agrofy News
