En el día del inicio del debate en el Congreso y mediante un comunicado, indicaron que “están dispuestos a poner el hombro, pero aseguraron que «necesitan ver un plan con horizonte claro”. Criticaron la suba de retenciones.
Con un fuerte comunicado, en el día en que comenzaron a debatirse la Ley Ómnibus de Javier Milei, la Fundación Barbechando expresó su preocupación ante el aumento al 15% de los derechos de exportación y advirtió que esta medida impacta negativamente en las economías regionales. En ese marco, también indicaron que la recurrencia del principio de delegación de facultades, presente en gobiernos de distintas orientaciones políticas, conduce a la pérdida de institucionalidad de la Nación y “limitan la libertad productiva”.
Además, en el texto, reclamaron consensos para discutir lo que el gobierno de Milei pretende hacer por decreto. “Entendemos que haya decisiones urgentes que tomar vía DNU, pero es necesario trabajar el consenso de las leyes. Los Diputados y Senadores deben defender las funciones y el rol que el pueblo les demanda. No anulemos el Congreso de la Nación delegando sus facultades”, señalaron.
Bajo ese panorama, Barbechando difundió un informe donde abogan por promover la iniciativa privada, el desarrollo de la industria y el comercio, a través de un régimen jurídico que garantiza los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación, limitando la intervención estatal a lo estrictamente necesario para velar por los derechos constitucionales.
También la entidad remarcó que se necesita una ley que genere previsibilidad económica y social y destacó la importancia de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) en el desarrollo económico de Argentina, al representar el 99,4% del total de empresas en el país y emplear al 64% de los asalariados registrados. Subrayan su presencia federal y su capacidad para generar inversiones a corto plazo, con un impacto directo en la creación de empleo y el movimiento económico.
En relación con los derechos de exportación, Barbechando sostiene que constituye un impuesto perjudicial para las provincias, ya que no son coparticipables y diluyen los ingresos de las mismas. Agreguen que al aplicar sobre el precio de venta, también reducen los ingresos por Impuesto a las Ganancias, que sí es un impuesto coparticipable. En este contexto, destacan que el sector agroindustrial, siendo el más dinámico de la economía, no debería soportar las consecuencias de la ineficiencia estatal.
Fuente: Agrofy News
