La Mesa de Enlace y CREA buscan certezas sobre el estatus jurídico del organismo tras el rechazo del decreto 462 y la intervención judicial, mientras crece la expectativa por la vuelta de Ariel Pereda.
En un momento de gran incertidumbre para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los principales dirigentes del agro, agrupados en la Mesa de Enlace, junto al presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Fernando de Nevares, se reunieron para unificar posiciones y abordar el futuro del organismo. La medida más urgente acordada fue solicitar una audiencia con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, con el fin de conocer el procedimiento jurídico y el encuadre legal en el que se encuentra el INTA.
La expectativa es alta, ya que, según pudo saber LA NACION, sería inminente el regreso de Ariel Pereda a su función como director nacional del INTA. Pereda había sido desplazado luego de que el organismo pasara de ser «autárquico» a «desconcentrado» a través del decreto 462, una medida que fue posteriormente rechazada por el Congreso.
El contexto legal del INTA es complejo. La semana pasada, el gobierno nacional notificó a las autoridades del instituto sobre una medida cautelar en contra de la aplicación del decreto 462, así como de la resolución 1240/25 del Ministerio de Economía, que había puesto personal en disponibilidad. Esta notificación se realizó mediante una nota interna de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, al titular del INTA, Nicolás Bronzovich.
En el sector ruralista circulan versiones encontradas, pero muchos sostienen que, al retrotraerse estas decisiones, el INTA podría retroceder a «foja cero» en su condición institucional. Esto implicaría que el Consejo Directivo recuperaría su autonomía y potestad sobre las decisiones administrativas y técnicas. Dicho Consejo está integrado por representantes del sector agropecuario como CREA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, además de representantes de facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias, y tres del Poder Ejecutivo (Secretaría de Agricultura, presidente y vicepresidente del INTA).
Dirigentes como Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (FAA) enfatizaron que, si bien las entidades tienen la intención de «colaborar con lo que se proponga», consideran imprescindible abrir un canal formal de diálogo con el Gobierno. Necesitan «tener esa conversación para saber cómo queda el INTA desde lo jurídico», resumieron. Hasta el momento, el oficialismo no ha convocado a las entidades para tratar el tema, aunque ya ha comenzado a retrotraer algunas decisiones.
Fuente: La Nación
