Respecto a septiembre de 2021, el índice bajó de 63,6% al actual 61,3%, donde opera
principalmente una mejora de precios, principalmente en trigo.
La medición de octubre de 2022 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola
del 61,3% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que
de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola,
$61,30 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,3%, la participación
del Estado en soja es del 67,7%, maíz 53,4%, trigo 50,9% y girasol 49,9%.
Normalmente, este indicador se publica en septiembre, pero para evitar las distorsiones creadas
por el “dólar soja” se decidió excepcionalmente postergar la publicación hasta el mes de
octubre.
El índice de octubre es 0,2 puntos porcentuales más bajo que el de junio, traccionado por una
leve mejora en los rindes esperados en soja para la campaña 22/23 en base a las primeras
estimaciones de la campaña gruesa.
En el caso de soja, el indicador bajó de 68,4% a 67,7%, maíz de 53,9% a 53,4%, trigo subió de
50,4% a 50,9% y girasol subió de 44,8% a 49,9%.
Si bien la participación porcentual de impuestos en la renta baja, la cantidad de impuestos en
pesos que pagó una hectárea promedio entre la estimación de junio y octubre se incrementó.
En el caso de soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $89.986 a
$104.056, en maíz de $54.480 a $69.264, en trigo de $38.069 a $41.527 y en girasol bajó de
$42.693 a $34.357. Aquí queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se
traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos
nacionales como derechos de exportación e impuesto a las ganancias que tiene una correlación
directa con los ingresos y la rentabilidad.
Respecto a septiembre de 2021, el índice bajó de 63,6% al actual 61,3%, donde opera
principalmente una mejora de precios, principalmente en trigo.
Tipo de cambio y costos
Contra septiembre de 2021, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 51,3%,
pasando de $98,21 por dólar a $148,57.
En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este periodo
cayó un 21%. Medido a precios de octubre de 2022, el tipo de cambio de septiembre de 2021
era el equivalente actual de $187,54, el de septiembre de 2021 era el equivalente actual de
$217,97.
Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los
costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad
exportadora.
Para ejemplificar, el costo de la siembra se encareció un 66% en dólares en los últimos dos años,
mientras que los fletes se encarecieron un 88% en dólares. Esto sucede con todos los costos
pesificados, es la consecuencia típica de los procesos de atraso cambiario, los costos en pesos
comienzan a encarecerse al medirlos en dólares.
Aunque en la situación actual se potencia con otro factor, el efecto del cepo importador, que
encarece el precio interno de los productos importados. El cepo tiene impacto directo sobre
insumos clave para labores y fletes como neumáticos, repuestos y precio de los camiones y
maquinarias.
En cuanto a los costos de insumos, los fertilizantes son los que vienen presentando mayores
subas en dólares desde principios de 2021. La UREA, y los nitrogenados en general, han cedido
levemente, para terminar con un incremento del 84,9% en dólares respecto a septiembre de
- El PDA, y los fosfatados, respecto a septiembre de 2021, muestran una suba del 44,6% en
dólares. Si se compara contra septiembre de 2020, el precio del PDA se ha incrementado un
176% y el de la UREA un 119%.
Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están
expresados, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están
estrictamente dolarizados mientras que el restante 51% están pesificados. Si se considera el
costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea
de soja pasan a representar el 62%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja,
los costos dolarizados ascienden al 54% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan
el 46%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 61%.
Tanto en soja como en maíz, se evidencia un aumento en la participación de los costos
pesificados, como consecuencia directa del atraso cambiario.
Precios
En los últimos dos años hubo una mejora sustancial de precios internacionales, primero
impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del
mundo, y luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol por este
motivo. Sin embargo, así como hubo una mejora de los precios internacionales, se dio una baja
abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad
cambiaria de la producción agrícola. Para 2022 se esperaba que el tipo de cambio siguiera más
de cerca a la inflación, pero la tasa mensual de inflación también saltó para ubicarse en un nuevo
escalón, por lo que el tipo de cambio continúa evolucionando por debajo.
Federalismo fiscal
El 61,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y
municipales. Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total de
impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos
impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y
débitos bancarios.
Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales,
representan el 28,2% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las
ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
Las provincias reciben parte del 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos
impuestos. En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los
sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa
Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,6% de los
impuestos totales. Más abajo se detalla provincia por provincia.
Por último, los impuestos municipales representan el 0,4% de los impuestos en el Índice FADA
promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El
componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la
provincia.
Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se
actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación
en el total de impuestos.
Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte
de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es
federal y está arraigada regionalmente. Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta
de manera negativa sobre el federalismo por tres vías. La primera, es que se incrementan los
recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos
coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que
salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.
Índices Provinciales
Mientras el índice FADA nacional es de 61,3%, Córdoba registra un 61,6%, Buenos Aires 59,8%,
Santa Fe 59,4%, La Pampa 60,5%, Entre Ríos 62,6% y San Luis 60,3%.
En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que
generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada
cultivo en el área sembrada de cada provincia.
En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja,
maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular
los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se
consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para el caso de Entre Ríos, se consideran
soja, maíz y trigo.
Para cada caso se utilizaron los rindes estimados para la presente campaña. Los costos de
producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región. En
cuanto a los fletes se estimaron para Buenos Aires 250 km., Córdoba 340 km., Santa Fe 120 km.,
San Luis 580 km., La Pampa 340 km. y Entre Ríos 260 km.
Los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en
cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos
Aires, y más bajos en San Luis, La Pampa y Entre Ríos.
Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos
$4.912 por hectárea, la mayor parte es inmobiliario rural y el resto ingresos brutos e impuesto
a los sellos. La alícuota de ingresos brutos es del 1%. Este monto por hectárea es un promedio
provincial, en la zona núcleo el inmobiliario rural casi que triplica el promedio provincial, esto
sucede en todas las provincias, con grandes diferencias regionales en el valor de los inmobiliarios
rurales.
