“La semana pasada me reuní con el ministro Luis Basterra y con el subsecretario de Ganadería, José María Romero. Me propusieron la dirección de lechería, acepté y ya estoy trabajando”, explicó Sebastián Alconada.
La designación de Alconada sorprendió a muchos sectores de la lechería argentina, ya que aunque partió siendo el candidato más firme en ese cargo, tras la asunción de Alberto Fernández, con el tiempo su nombre perdió fuerza. Pero la semana pasada, tras la reunión de la dirigencia de Apymel con el ministro Luis Basterra, sus chances comenzaron a resurgir.
Es que la institución que nuclea a pequeñas y medianas empresas lácteas ha sido una de las principales propulsoras de Alconada. En esa oportunidad, Apymel le explicó a Basterra su propuesta de sumarse al Plan Argentina contra el Hambre e informaron que cuentan con más de 100 puntos de venta directa en todo el país.
Durante el encuentro, el titular de Apymel, Pablo Villano, afirmó que cuentan con un «sistema comercial desarrollado hace 7 años, con venta directa en los locales propios de las pymes asociadas, con un precio más ventajoso que en los comercios tradicionales».
El perfil de Sebastián Alconada
El último rol de peso de Sebastián Alconada, tras haber revistado como director en la Secretaría de Lechería, durante la gestión de Sammartino, -en realidad está en el área lechera nacional desde el 2006- fue como director de la Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) de la provincia de Buenos Aires. Se trataba de un área de gobierno cuya misión fue promover la actividad agroindustrial y controlar la calidad de los alimentos en toda la Provincia de Buenos Aires y había sido creada en diciembre de 2018. En este sentido en su presentación se señaló que la UCAL tendría el desafío principal de generar mecanismos que contribuyeran a la desburocratización estatal y atiendan las necesidades del sector productivo en la provincia que en su conjunto representa un 80% de los alimentos a nivel nacional.
Alconada comenta que al momento de desembarcar “la oficina estaba envuelta en una burocracia interminable, y falta de transparencia, demorando en la resolución de los trámites hasta 3 o 4 años. Esto concluía en la informalidad como regla, permitiendo así que se comercialicen alimentos sin habilitación finalizada ni otorgada, bastando solo con el número de expediente para circular los productos, evitando además la posibilidad de controlar lo producido… esto ponía en riesgo la salud de los consumidores por un lado y perjudicó al sector industrial de elaboración de alimentos en su conjunto ya que los alimentos circulaban sin habilitación y competían contra los que sí estaban en regla”.
Desde la Pymes el reclamo se centraba en la situación de debilidad en que los posicionaba esta situación, especialmente ante los comercializadores que aprovechaban esta “informalidad administrativa” de los elaboradores para sacar ventaja al momento de cerrar acuerdos de compra de los alimentos, perdiendo fuertemente poder de negociación. “Indirectamente -dice Sebastián- era un sometimiento a la informalidad tanto higiénico sanitaria como fiscal y en muchos casos encontramos productos que no llegan a un estándar mínimo para cumplimentar con los requisitos de las habilitaciones. Esto generó grandes problemas en el sector de Pymes como de las grandes industrias al momento de defender el precio y la calidad de sus productos, que además estaba agravado por la falta de controles”.
El diagnóstico también señalaba que esta informalidad registral terminaba derivando, en la mayoría de los casos, en otros tipos de informalidad como la tributaria, la fiscal, la laboral, y sobre todo la higiénico sanitario, generando huecos muy profundos en la lealtad comercial ya que a la góndola llegaban muchísimos productos sin pagar IVA y otros tributos provinciales. “Esta situación generó muchísima preocupación, sobre todo el tema sanitario al momento de elaboración de los alimentos que muchas veces vimos que no cumplimenta los estándares que dispone el Código Alimentario Nacional, generando un gran riesgo para la salud de la población, y el producto que llega en estas condiciones a comercializarse termina perjudicando a los que sí están al día en sus obligaciones fiscales, tributarias y de habilitación del establecimiento”.
Alconada indicó que mucho le sirvió su experiencia en la cadena lechera y el trabajo realizado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para comprender el problema. Teniendo a cuestas la experiencia de haber podido recorrer gran parte del país, encontrarse con los protagonistas en territorio, ejercitar la empatía para comprender la situación real de los distintos tipos de empresas, supo rápidamente encontrar dentro de la UCAL la manera de simplificar cuestiones administrativa para generar un proceso para que la mayoría de las empresas elaboradoras pudiera rápidamente estar en regla.
