El órgano que coordina el Ministerio de Agricultura y Ganadería se reunió esta mañana para delimitar nuevas áreas de la provincia que se deberán incluir en el estado de Emergencia o Desastre. Son 49 zonas puntuales de 19 pedanías.
Nuevo encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, con la presencia de funcionarios y técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, legisladores departamentales, integrantes de entidades del sector, representantes de organismos como el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Bolsa de Cereales de Córdoba.
El encuentro fue encabezado por los secretarios de Agricultura y de Ganadería, Marcos Blanda y Olden Riberi, y el objetivo fue delimitar las nuevas zonas de la provincia de Córdoba que se encuentran afectadas por la sequía, para elevar posteriormente al Poder Ejecutivo la propuesta de las superficies a incluir en otro decreto de Emergencia Agropecuaria. Cabe aclarar que el pasado 27 de abril se firmó un primer decreto (el N° 566/18), que declaró en ese estado a 19 pedanías de 11 departamentos.
En el acta elevada se propuso incluir en un nuevo decreto a 49 zonas específicas de 19 pedanías. En algunos casos las pedanías se incluyen en forma total y en otros casos solo parcialmente (detalle en mapa y archivo adjunto).
Esto es así porque en esta segunda instancia, se trabajó sobre áreas puntuales que sufrieron afectación por ausencia de lluvias; dichas áreas no se concentraron en grandes superficies sino más bien se dieron de forma dispersa. Eso obligó también a que el proceso de delimitación llevara más tiempo de lo habitual, dada la precisión al momento de determinar las zonas.
Vigencia
El período de vigencia para esta segunda propuesta de emergencia agropecuaria se sugirió según el siguiente esquema. Para las actividades agrícolas desde el 01/06/2018 al 31/10/2018. Y para los establecimientos ganaderos, de tambo, apícolas y fruti-hortícolas, del 01/06/2018 al próximo 31/12/2018.
Beneficios
El principal beneficio que otorga la ley de emergencia agropecuaria provincial es la postergación del pago del impuesto inmobiliario rural (en caso de tener más del 50 por ciento de afectación), o directamente la exención si se supera el 70 por ciento.
