Con la meta de reducir la planta de personal y «eficientizar» el gasto, la gestión de Javier Milei impulsa un plan de achique que incluye la baja de 1.700 puestos en el INTA y la venta de más de 33.000 hectáreas en todo el país.
El proceso de reestructuración del Estado nacional ha alcanzado un nuevo punto crítico con la implementación de la denominada «motosierra» en los organismos de ciencia y tecnología. Tras la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de organismo autárquico a ente desconcentrado mediante el decreto 462/2025, el Consejo Directivo ha aprobado medidas que marcan un giro drástico en su funcionamiento técnico y administrativo.
Recorte de personal y retiros voluntarios
El plan de ajuste en el INTA busca una reducción significativa de su planta. Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el objetivo oficial es reducir el personal a 4.000 empleados, partiendo de una base que en marzo de 2025 se situaba en 6.389 trabajadores. Desde el inicio de la actual gestión, ya se han contabilizado 878 bajas entre cesantías, renuncias y jubilaciones.
Para alcanzar las metas de recorte, el Consejo Directivo instruyó la creación de un programa de retiros voluntarios que comenzará a regir el 1° de marzo, con el que se espera la salida de otros 1.700 agentes. Ante este escenario, diversas entidades del Consejo —que incluye representantes de universidades y asociaciones de productores como la SRA y la FAA— han expresado su preocupación por la pérdida de cuadros técnicos especializados indispensables para el rol del organismo.
Venta de tierras y reconfiguración territorial
Uno de los puntos más polémicos de la reestructuración es la decisión de vender la mitad de las tierras del INTA. El Gobierno nacional busca «desafectar» un total de 33.836 hectáreas que, tras una auditoría, han sido calificadas como «en desuso».
Se han identificado siete predios específicos para la venta, distribuidos en las regiones de Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte, Santiago del Estero y el AMBA. En este último caso, el destino del terreno quedará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Complementariamente, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, presentó un esquema de trabajo hasta abril de 2026 que incluye:
• La fusión de los 15 centros regionales actuales en solo cuatro o cinco macrorregiones administrativas.
• La revisión de más de 200 programas y líneas de investigación para determinar su continuidad o cierre.
• La posible baja de todas las cooperadoras vinculadas a la institución.
El ajuste en el CONICET
El sector científico también enfrenta recortes a través del CONICET. Su presidente, Daniel Salamone, confirmó que para 2026 se mantendrá el ajuste sobre los ingresos a las carreras del organismo, limitando los cupos a cifras similares a las de 2025: 400 postulantes y 1.800 becas.
Salamone señaló que el criterio principal de la gestión será priorizar las áreas de investigación que tengan «impacto», respaldando además el nuevo Programa de Apoyo a la Investigación Científica que reemplaza a las históricas convocatorias PICT.
Con estas medidas, el Gobierno nacional profundiza un cambio de paradigma en el sistema científico-tecnológico argentino, priorizando la eficiencia operativa y la reducción del gasto público por sobre la estructura histórica de extensión e investigación territorial.
Fuente: Noticias Argentinas