Las Cuatro Cadenas productivas junto a organizaciones empresariales exigen revertir la eliminación de la exención impositiva para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), advirtiendo un grave impacto en el acceso a financiamiento y el desarrollo regional.
El pasado 10 de julio de 2025, el Congreso de la Nación sancionó una modificación crucial al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Esta reforma, establecida en el artículo 10 de la ley destinada a financiar el aumento de jubilaciones, elimina la exención del Impuesto a las Ganancias para los aportantes a los Fondos de Riesgo de las SGR. Esta medida ha encendido las alarmas en diversos sectores, generando un fuerte llamado a la «responsabilidad fiscal» y una «revisión urgente».
La preocupación principal radica en el impacto directo sobre la disponibilidad de fondos. La eliminación de esta exención «desincentiva la participación de empresas como socias protectoras», lo que, según las organizaciones, «reducirá significativamente los fondos disponibles para garantizar operaciones crediticias de las micro, pequeñas y medianas empresas». En consecuencia, se espera una «limitación de la oferta crediticia y el acceso a financiamiento formal en condiciones competitivas» para este vital segmento productivo.
El sector agropecuario se perfila como uno de los más afectados por esta decisión. Los pequeños y medianos productores, que a menudo dependen del respaldo de las SGR para financiar insumos, incorporar tecnología y potenciar su crecimiento, enfrentarán serias dificultades. La ausencia de estas garantías podría dejar a «muchos productores y empresas PyMEs fuera del circuito financiero formal, ya sea bancario o del mercado de capitales». La advertencia es clara: sin esta «herramienta virtuosa y transparente», se verán «forzados a recurrir a costosos esquemas informales o directamente a abandonar la actividad».
Más allá del impacto sectorial, la reforma conlleva consecuencias estructurales. Se prevé un «debilitamiento del entramado productivo regional» y un «compromiso en la generación de empleo y el valor agregado en origen». Las voces críticas argumentan que el «supuesto ahorro fiscal que genera es insignificante frente a los beneficios comprobados del sistema de SGR». Estos beneficios incluyen la «inclusión financiera, formalización, inversión productiva, desarrollo federal y aumento genuino de la recaudación a través de una economía productiva». La eliminación de este régimen es vista como un golpe a un «instrumento público-privado que ha demostrado ser eficiente, transparente, federal e inclusivo, utilizado durante décadas para acompañar el crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas».
Ante este escenario, «Las Cuatro Cadenas» han solicitado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que «actúen con urgencia y responsabilidad fiscal, revisando el artículo 10 y manteniendo el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca, tal como estaba regulado originalmente». La solicitud es un llamado a la reflexión: «No se puede sacrificar un sistema que ha permitido el financiamiento de miles de pequeños empresarios agropecuarios, sostenido el empleo y promovido el desarrollo territorial, por una medida de corto plazo que ignora sus consecuencias estructurales».
El comunicado difundido lleva la firma de los presidente de Argentrigo, Acsoja, Maizar y Asagir.
