Un fallo del Juzgado Federal de San Martín detuvo la «maniobra de vaciamiento» contra trabajadores del INTA y ordenó al Gobierno el pago de 10 millones de pesos diarios por incumplimiento, en un contexto de rechazo parlamentario al decreto desregulador.
La Justicia Federal dictaminó este martes la suspensión del pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores estatales que cumplían tareas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta medida frena lo que las fuentes describen como «despidos encubiertos» por parte del Gobierno, calificado en las fuentes como ultraderechista, a pesar de una cautelar judicial previa y el rechazo del Congreso al decreto desregulador presidencial.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº2 de San Martín, bajo la dirección de la magistrada Martina Frons. La jueza hizo lugar a una presentación realizada la semana pasada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionaba esta «maniobra de vaciamiento» impulsada por el Ministerio de Economía.
La figura del «pase a disponibilidad» se describe como una situación en la que un trabajador estatal se encuentra «al borde del despido». Los empleados afectados pueden permanecer en esta condición hasta por 12 meses, tiempo durante el cual perciben solamente el 50 por ciento de su salario. Aunque se les exime de concurrir a prestar servicios, se les exige estar disponibles durante su horario laboral y responder a cualquier convocatoria o notificación de la Autoridad de Aplicación. Tras este período, si ningún otro organismo estatal acepta su pase, el trabajador es considerado despedido.
El fallo judicial no solo detiene los pases a disponibilidad, sino que también intima al «inmediato cumplimiento» de la cautelar, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) de pesos diarios a favor del titular del derecho por cada día de resistencia. Estas multas podrán ser reajustadas o dejadas sin efecto si el Gobierno desiste de su resistencia y justifica su proceder.
Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA, había señalado este mismo martes por la mañana que se encontraba en situación de «pase a disponibilidad», destacando que esta medida se mantuvo a pesar de una cautelar judicial favorable y del rechazo definitivo del decreto desregulador por parte del Congreso el pasado 8 de julio, el último día de facultades delegadas del Presidente.
Este dictamen judicial representa un revés significativo para las políticas de ajuste que el Gobierno pretendía implementar en el ámbito estatal, reafirmando la protección de los derechos laborales de los empleados públicos
