MONSANTO: DURA CARTA CONTRA GABRIEL DELGADO POR LEY DE SEMILLAS.

La carta, firmada por el brasileño Luiz Beling, presidente regional de Monsanto, y dirigida al secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, tiene un todo duro y altanero: en ella la compañía multinacional rechaza de plano el proyecto de ley que el gobierno elaboró para, justamente, cumplir con una vieja exigencia de Monsanto y el resto del sector semillero, que desde hace años reclama un nuevo marco legal para asegurar que quienes desarrollen tecnología agrícola cobren una adecuada retribución por sus innovaciones.

En el texto de la carta, al que accedió Clarín, se acusa al funcionario de mayor confianza del ministro Carlos Casamiquela de elaborar un anteproyecto que “afecta disposiciones previstas en la legislación nacional e internacional vigente”. La presunción es que Agricultura pretende violar no solo la ley de Semillas sino también la de Patentes. “Entendemos que este anteproyecto carece de condiciones mínimas para su remisión al Congreso”, sentencia la multinacional que introdujo la soja transgénica al país, en 1996.

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La piedra en el zapato en el proyecto que fue anunciado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al que curiosamente muchos llaman “Ley Monsanto”, es que se propone la creación de un fondo o fideicomiso que sería administrado por el Estado y se alimentaría de un canon pagado por los productores más grandes que decidan guardar parte de su cosecha de granos para usar como semilla al año siguiente, una práctica milenaria llamada “Uso Propio”. La idea de Delgado -discutida bastante con el resto del sector semillero- sería distribuir esa recaudación entre los obtentores de nuevas variedades de semillas y eventos biotecnológicos, incluso con miras a dar mayor impulso a los desarrollos locales.

Monsanto protestó contra lo que considera una intermediación “arbitraria” del Estado, y prejuzgó que éste “distribuirá los fondos recaudados como canon tecnológico de forma no transparente”.

También se quejó porque “el precio del llamado canon tecnológico lo fija arbitrariamente el Estado y no el titular de los derechos del obtentor o de la patente biotecnológica”. En palabras más sencillas, surge claramente que Monsanto quiere decidir cuánto cobrar por sus innovaciones y no acepta que sea el gobierno quien decida sobre el asunto.

Este debate, curiosamente, se originó como respuesta a una dura ofensiva de la firma para cobrar regalías por su nueva soja Intacta RR2, con un sistema propio cuestionado por los productores y otros sectores de la cadena, pero avalado por las grandes exportadoras, que consiste en testear el grano en puertos y acopios para cobrar compulsivamente a quienes no hayan pagado esos derechos -bajo la Ley de Patentes- al momento de comprar semillas.

En una primera instancia, el Gobierno se puso al lado de los productores y se opuso al sistema de cobro compulsivo en los puertos, pues la ley de Semillas vigente es clara respecto que los avances tecnológicos, tanto los tradicionales por mejora de germoplasma o los que sean producto del trasvasamiento de genes, deben ser abonados por los usuarios al momento de adquirir el bien, es decir la bolsa de la semilla. Fernández y Casamiquela llegaron incluso a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para frenar el sistema compulsivo instrumentando por Monsanto. Pero luego desistieron y encomendaron a Delgado la preparación de un anteproyecto para enviar al Congreso.

En ese borrador, Agricultura insiste en que todos los productores (salvo los pequeños inscriptos en el RENAF) paguen por la tecnología solo cuando adquieren semilla nueva. Pero también avanza en la regulación del Uso Propio y determina la creación de el canon tecnológico que ahora cuestiona Monsanto con tanta dureza.

Fuente: Clarín.

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