El Gobierno decidió dar marcha atrás con el DNU que había generado un nuevo frente con el campo.
Finalmente Alberto Fernández decidió abandonar la idea de expropiar Vicentín. Marcha atrás del DNU del pasado 8 de junio, que establecía la intervención de Vicentin, con el objetivo de una posterior expropiación.
«El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo», escribió el rpesidente en su cuenta de twitter.
«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado«, agregó.
Entre las consideraciones del Decreto publicado hoy, se encuentra la desconfianza que generó en los productores la decisión del Gobierno: «La acción del Gobierno Nacional (de hacerse cargo de Vicentin) demandaría un esfuerzo de recursos que lejos de ser percibida como una acción virtuosa de rescate de la compañía, fue interpretada con por diferentes sectores tanto de productores como de trabajadores destinatarios de dichos aportes a la solución de la crisis de Vicentin«.
Según el Gobierno, «se pretendía atender la situación de los productores agropecuarios damnificados y de las empresas prestadoras de bienes y servicios comprometidas en su giro comercial a causa de la cesación de pagos, así como garantizar la conservación de los puestos de trabajo no solo directos sino también indirectos».
Desde el anuncio, el Decreto publicado hoy consigna que «no se ha podido hacer efectiva la intervención dispuesta por cuestiones ajenas a la decisión del gobierno, sino que esto impidió también el acceso a la información necesaria para continuar con las medidas tendientes a rescatar la empresa, cuya situación comercial se ha visto deteriorada».
En este sentido, ahora el Estado se concentrará en «la recuperación de los activos que están en riesgo y en colaborar con la justicia para esclarecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales de quienes han llevado al grupo empresario a esta situación o han colaborado en ello».
Fuente: Agrofy News.
