El sector agropecuario utiliza cerca de 3000 millones de litros por año para realizar todas las tareas productivas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los costos de flete se incrementan en las provincias del norte alejadas de los puertos del Gran Rosario
La reciente actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) en Argentina ha generado una ola de preocupación en el sector agropecuario. Se estima que esta medida resultará en un gasto adicional de $40.890 millones para el campo, un sector que ya enfrenta desafíos significativos en el contexto económico actual.
El sector agropecuario es un pilar fundamental de la economía argentina, no solo por su contribución al PIB sino también por su papel en la generación de empleo y divisas a través de las exportaciones. Sin embargo, la dependencia del campo en el uso intensivo de combustibles para sus operaciones lo hace particularmente vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo y las políticas impositivas relacionadas.
La actualización impositiva, que entrará en vigor el próximo mes, ha sido recibida con preocupación por los productores, especialmente aquellos en las provincias del norte como Tucumán, Santiago del Estero y Chaco, quienes se verán más afectados debido a las largas distancias que deben cubrir para transportar sus productos. Además, se anticipa que esta medida podría llevar a un aumento en las tarifas de fletes, lo que agravaría aún más la situación.
El decreto 466/2024, firmado por Luis Caputo y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, establece un incremento en los impuestos que impactará directamente en el precio de las naftas y el gasoil. Según el economista Ernesto Ambrosetti, el agro utiliza cerca de 3000 millones de litros de gasoil por año para sus tareas productivas, lo que significa que cualquier aumento en el precio del combustible por mayor presión impositiva se traduce en una transferencia significativa de fondos de las empresas agropecuarias al Estado nacional.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) indica que el campo consume el 28% del gasoil del país, lo que representa un gasto anual de combustible de aproximadamente US$3535 millones. Con la actualización impositiva, se espera que el agro incurra en un gasto adicional considerable, lo que podría reducir la rentabilidad del sector y afectar la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional.
Este tipo de medidas fiscales, que buscan ajustar los impuestos en línea con la inflación y otros factores económicos, pueden tener consecuencias no intencionadas en sectores clave de la economía. El desafío para el gobierno y los stakeholders es encontrar un equilibrio que permita cumplir con los objetivos fiscales sin comprometer la viabilidad de las industrias que son esenciales para el crecimiento y la estabilidad económica del país.
En resumen, la actualización del impuesto a los combustibles representa un desafío adicional para el campo argentino, que ya opera en un entorno económico complejo. Será crucial monitorear los efectos de esta medida en los próximos meses y evaluar posibles estrategias para mitigar su impacto en el sector agropecuario y en la economía en general.
