Tras los anuncios, las empresas que integran la cadena de comercialización consideraron la decisión como «un paso adelante» y también «un reconocimiento a que había una serie de controles necesarios que no se estaban haciendo».
Así lo sostuvo Alfredo Paseyro, director ejecutivo de ASA, para quien «ahora el Estado acuerda con los privados para realizar controles y eso va en la sintonía de lo que consideramos correcto».
Por su parte, Fernando Giannoni, vicepresidente de Monsanto para América del Sur, lo calificó como «positivo» y «un paso para transparentar el mercado de semillas». Explicó además que la multinacional «de manera voluntaria» retira la cláusula que impuso, aunque aclaró que lo llevará a cabo «cuando se haga operativa la resolución que apruebe el método de control que se usará para determinar la legalidad o no de la semilla». También destacó el «compromiso» oficial «por el reconocimiento de los contratos privados entre productores, acopiadores y exportadores; y el reconocimiento de la propiedad intelectual por cada uso de la tecnología». Según Monsanto, se trata de «principios básicos y necesarios para generar un ambiente de negocios predecible. Giannoni ratificó además que la empresa va a seguir «haciendo respetar nuestros contratos privados porque para usar Intacta el productor debe tener una licencia de la firma». Adelantó también que Monsanto no ingresará al país la tecnología XTend hasta tener más claro el panorama. Las máximas autoridades globales de Monsanto vinieron al país en los últimos meses para negociar una salida y el Gobierno también puso al coordinador del gabinete, Gustavo Lopetegui, en el rol de facilitador de las negociaciones cuando Buryaile cruzó a la empresa con duras críticas.
