Crece la incertidumbre y se pone en riesgo una actividad de gran relevancia para la economía nacional.
En las últimas décadas, en base a las ventajas comparativas y competitivas que tiene la Argentina en relación a la producción agrícola y agroindustrial, se promovió la diversificación de la matriz energética en el sector transporte, generando las condiciones para el impulso de la producción de estos combustibles biológicos. Precisamente, la producción de biocombustibles fue posible por las importantes inversiones que realizaron 54 empresas ubicadas en 10 provincias y que generan empleo para más de 65.000 personas.
Así, la importancia de esta actividad se ve reflejada en la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones y fundamentalmente, en que promueve la sustentabilidad medioambiental.
En este contexto, a fines de octubre y por unanimidad, el Senado aprobó la prórroga hasta 2024 de la ley que promueve la producción de biocombustibles. Pero por el momento parece frenada en Diputados y ahora se aguarda por otra propuesta que genera incertidumbre en el sector.
En este contexto, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba afirmaron que “consideramos conveniente y necesaria, requiere de un amplio debate y el involucramiento de todos los actores que participan en su cadena, implicando un tiempo de análisis que excede la vigencia de la normativa actual”. Y agregaron que “ante las presentes circunstancias, abogamos por la prórroga de la Ley Nro. 26.093, tal cual fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Senadores, es decir, con la anuencia de todas las provincias”.
Por otra parte, legisladores de distintas fuerzas reclaman la aprobación en Diputados del proyecto avalado por el Senado. En tanto desde el oficialismo, no se descarta mantener la prórroga al menos hasta que avance una nueva ley.
Por el momento, este jueves está convocada una sesión especial solicitada por Juntos por el Cambio e Interbloque Federal para tratar la prórroga de biocombustibles. Mientras tanto, las empresas y legisladores deberán afinar el nuevo proyecto de ley para que sea sancionando y entre en vigencia antes del 12 de mayo.
