La discusión estará centrada en la cláusula de biotecnología que ya está vigente en los puertos y que esperan por la soja a partir de marzo. La letra chica sostiene que de detectarse su presencia se deberá abonar por ella. El campo rechaza los mecanismos.
Convocados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a partir de las 10 se darán cita: Monsanto, Nidera, Don Mario, Dow AgroSciences, Klein, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Federación de Acopiadores, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Coninagro, la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina.
El objetivo es que cada uno “pueda decir lo que piensa respecto al pago de la tecnología impulsado por Monsanto, el accionar del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y los posibles cambios que debería haber para adelante”, señaló el presidente de CRA, Dardo Chiesa.
Sin embargo, más allá de lo que se pueda hacer de cara al futuro. Todo se centrará en si hay que aceptar o no la cláusula.
Fuentes del sector semillero consideraron que será un “diálogo de sordos”, dado que ya está todo jugado y coincidieron que ven en el mediano plazo “un nuevo conflicto” con el campo.
Las entidades invitadas también manifestaron que “no se llegará a nada” y que el debate “será tenso”.
Las fuentes oficiales señalan “estar trabajando en algo”, pero esa demora pone a muchos productores a aceptar el control de su carga en la cosecha cuando debería ser previo a la siembra. Con los actuales valores, “los números no cierran”, dicen desde el campo.
Las diferencias entre las empresas semilleras respecto de poner o no una cláusula hizo que todas critiquen el accionar de Monsanto. Ésta decidió crear su propio mecanismo para el cobro de su tecnología. El “mecanismo no es el adecuado” señalaron las fuentes. Se deben referir a las advertencias que hizo la multinacional para que los exportadores firmen el control en los puertos bajo la amenaza de que si no se hacia se frenarían los barcos en los países de destino como sucedió en 2005, según consigna el Diario BAE.
Si la empresa con sede en Saint Louis, EE.UU., tiene patentado su gen (Intacta) en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), por qué impulsó los contratos si fácilmente puede hacer infinidad de juicios por la violación de dicha tecnología, se preguntan desde el sector agropecuario.
Lo cierto es que el Estado tiene la última palabra, pero hoy parece no tenerla. Este nuevo diálogo será uno de los tantos que ya se hicieron en otras instancias. Nada positivo salió de ellos. Por ahora el productor es el perjudicado. Él quiere pagar, pero no con las reglas de una multinacional.
La Justicia rechazó una demanda de Monsanto
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó un fallo en primera instancia dándole la derecha al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) frente a un reclamo de Monsanto.
La multinacional había demando al organismo nacional por haberle rechazado el patentamiento de una tecnología para la papa. En primera instancia la empresa norteamericana había salido favorecida.
Pero en segunda instancia el fallo argumentó que no se pueden patentar variedades de vegetales ni seres vivos. Fundamentó que no hay un invento sino más bien es un descubrimiento dado que el ADN ya estaba en la naturaleza. Mas reconoció que esto no signifi ca que Monsanto pueda estar desprotegida dado que reconoce su desarrollo pero aclara que para eso deberá regirse bajo el paraguas de la Ley de Semillas.
Si bien el fallo no esta firme, Monsanto tiene la opción de apelar a la Corte Suprema. Lo cierto es que marca jurisprudencia respecto del patentamiento de un gen.
Es de pensar que si el caso Intacta llegará a la Justicia, el resultado sería el mismo.
