Productores agropecuarios cordobeses volvieron a reclamar el paso en la frontera a la altura de La Punilla. Hubo cruces con la policía. Exigen volver a trabajar en sus campos.
Tal como lo habían anunciado la semana pasada, productores agropecuarios de Córdoba resolvieron realizar un corte de ruta este domingo. Se decidió realizar esta movilización para pedirle al gobierno de San Luis que autorice el ingreso de los productores a trabajar los campos.
Esta problemática viene desde el inicio de la cuarentena y cada semana que pasa el problema se agrava. El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió, pero si se emitió un comunicado aclarando que no era un tema a resolver por la Corte.
Este domingo se llevó a cabo el corte en la ruta que une Río Cuarto, Córdoba, con Punilla, San Luis. Durante la manifestación se realizó un bloqueo de la ruta impidiendo el ingreso de particulares y transporte de carga.
En el transcurso del bloqueo se cantó el himno y luego apareció la policía provincial. Con la llegada de los uniformados hubo intercambios de palabras y se produjeron empujones entre los efectivos y los productores.
Tras esta situación que se vivió y la falta de respuesta por parte de San Luis, se decidió realizar un corte por tiempo indeterminado a partir de este lunes. Además, se pidió a Nación y Córdoba que tomen cartas en el asunto para resolver el conflicto.
En este sentido, los productores señalaron: «Las familias afectadas por la imposibilidad de transitar por las rutas para poder realizar sus trabajos no aguantan más esta situación».
El momento de mayor tensión se vivió cuando personal policial de la Provincia de San Luis forcejeó con algunos manifestantes, lo cual dejó la impresión que la situación forzada por el Gobierno de Rodriguez Saá ha llegado al límite.
CRÍTICA DE CARTEZ
También CARTEZ expresó en un documento su preocupación sobre la situación que se vive en el límite de Córdoba y San Luis.
«Desde CARTEZ observamos con profunda preocupación que bajo el pretexto del escudo sanitario por la pandemia se toman medidas arbitrarias que violentan derechos constitucionales, mientras la política sigue dándole prioridad a lo conveniente y se dejan en segundo plano las reales necesidades de la gente.
Las restricciones impuestas por el gobierno de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos, que exceden al sector agropecuario –cuya actividad fue declarada esencial- porque los productores no tienen acceso a sus campos, pero tampoco los ciudadanos de los pueblos limítrofes pueden trasladarse a sus puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos o asistir a familiares enfermos.
Todo esto ante la pasividad de un Gobierno nacional que también intenta avanzar sobre derechos fundamentales, y cuyas actitudes ponen en riesgo la tan necesaria división de poderes en toda República, con decretos que socavan la actividad legislativa y con intromisiones en el ámbito judicial.
El fallido intento de expropiación de una empresa privada, finalmente frenado tras un masivo banderazo en todo el país, y la decisión de impulsar una reforma judicial, que es cuanto menos inoportuna en el contexto que se está viviendo, son dos hechos puntuales que encienden luces de alarma.
La urgencia del Gobierno por aprobar una reforma judicial, que por su importancia e implicancias futuras requiere de profundos debates, consultas a las mentes más ilustradas en la materia y amplios consensos, deja la sensación de que la principal finalidad es consagrar la impunidad de hechos de corrupción y no a una mejora en el servicio de Justicia.
Más allá de la responsabilidad institucional que significa una ley de estas características, hay que reparar también en su oneroso impacto en una economía derrumbada: el país tendrá un costo adicional de 5.000 millones de pesos por año para sostener la nueva estructura.
En cualquier sondeo de opinión pública, se observa que las prioridades de la gente pasan por otro lado: la economía (recuperar empresas y comercios que cerraron por la pandemia), el desempleo, el hambre, la indigencia, la inseguridad… Decenas de temas sensibles que no tienen nada que ver con avanzar sobre la propiedad privada o reformar la Justicia.
Los países más desarrollados marcan un rumbo para la reactivación en la economía post-pandemia: rebaja de impuestos, subsidios a la producción y a los sectores más castigados, créditos a tasa cero o muy accesibles, entre otras medidas de promoción.
Al revés del mundo y de espaldas a la gente, nuestros gobernantes están ocupados en generar nuevos impuestos en un país récord en la materia, que tiene alrededor de 170 tributaciones distintas, al tiempo que se restringe al sector productivo el acceso a líneas especiales de crédito.
Siempre con la misma receta que desalienta la producción y el progreso, cercenando los recursos de quienes apuestan y trabajan por el país, y minando la posibilidad de generar empleo.
Mientras tanto, la política sigue sin brindar señales a la gente, manteniendo un Estado elefanteásico, un gasto público exorbitante, sueldos “intocables” y hasta obscenos para el ciudadano de a pie y brindando escandalosos espectáculos como la reciente sesión de la Cámara de Diputados.
Con todos estos desatinos y atropellos, los ciudadanos vemos cómo se derrumba un país y languidece la República. Señores dirigentes, señores políticos ¡Basta! Es hora de gobernar de cara a la gente».
Med.Vet. Javier Rotondo
Presidente de CARTEZ
