El Gobierno nacional confirmó las ofertas de Jan de Nul, DEME y DTA Engenharia para la concesión de la Vía Navegable Troncal por 25 años. Pese al optimismo oficial por el nivel de participación, el proceso enfrenta cuestionamientos judiciales y advertencias sobre el impacto ecológico en el Paraná.

La licitación para la modernización y gestión de la Vía Navegable Troncal (VNT), el canal fluvial más relevante para la economía regional, ha entrado en una etapa decisiva. El Gobierno nacional oficializó la presentación de tres oferentes de capital privado internacional: la empresa belga Jan de Nul, la firma Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) y la brasileña DTA Engenharia. Estas compañías compiten por un contrato de concesión a 25 años, bajo un esquema de riesgo empresarial y sin aval del Estado, que prevé una inversión estimada superior a los 10 mil millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, calificó el proceso como uno de los más «participativos y transparentes de la historia», destacando el respaldo de entidades como la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Unión Industrial Argentina, además de contar con una auditoría de Naciones Unidas. Por su parte, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, celebró la concurrencia de tres empresas, calificándola como «un lujo» para una infraestructura por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

El sistema de selección se rige por una licitación de tres sobres: el primero evalúa la capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo y el equipo profesional; y el tercero definirá la adjudicación basándose en la oferta económica, buscando garantizar la tarifa más baja posible. Cabe destacar que, pese a las expectativas iniciales, no se registró la participación de empresas de Estados Unidos en el proceso.

El frente judicial y ambiental

Sin embargo, el avance de la licitación no ha estado exento de fuertes polémicas. Diversos sectores han manifestado su disconformidad, señalando principalmente la ausencia de un estudio de impacto ambiental acorde a la magnitud de las obras proyectadas. Esta situación derivó en una denuncia penal presentada por José María Lojo, presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA), contra el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

Desde el sector gremial, el Capitán Mariano Moreno, del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió que profundizar el dragado a 40 pies podría ser perjudicial para el ecosistema, criticando la falta de planificación logística en un contexto donde «no hay agua». En la misma línea, el diputado nacional Jorge Taiana presentó un pedido de informes solicitando aclaraciones sobre aspectos técnicos y ambientales, denunciando un «vacío institucional» que vulneraría los derechos de las provincias ribereñas al desarticular los organismos de control federales.

Fuente: SerIndustria