Mediante el Decreto 230/2020 el Gobierno concretó aumento que estaba previsto en retenciones hasta el máximo permitido por la Ley de Emergencia: 33%.

El Decreto, que lleva la firma de Alberto Fernández, describe las finalidades que puede tener el Estado para realizar un cambio en el esquema de derechos de exportación:

 – Asegurar el máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional

 – Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior

 – Promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies animales o vegetales

 – Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno

 – Atender las necesidades de las finanzas públicas.

Entre las consideraciones se destaca que «resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado».

«Resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria», agrega el Gobierno, que estima recaudar US$ 354 millones.

Esta suba en 3 puntos porcentuales a la soja y los subproductos está acompañada por una baja para productos de las economías regionales y algunos cultivos, como el girasol.

En tanto, también habrá un esquema de compensaciones para los productores de soja que hayan vendido el año pasado hasta 1.000 toneladas, lo que equivale a una retención efectiva de entre el 20 y 30 % para más de 40.000 beneficiarios.