Tras dos años de negociaciones con legisladores y la Mesa de Carbono Argentino, la entidad busca habilitar un negocio de USD 4.800 millones anuales bajo una condición innegociable: el respeto absoluto a la propiedad privada.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) busca acelerar el desarrollo del mercado de créditos de carbono en el país. Tras dos años de trabajo técnico y político en conjunto con la Mesa de Carbono Argentino, la entidad gremial empresaria promueve una legislación específica para sentar las bases jurídicas de esta actividad. El objetivo primordial es habilitar una vía de generación de divisas, inversiones genuinas y empleo regional. Sin embargo, desde la conducción de la SRA advierten que el éxito de esta iniciativa depende de una premisa fundamental: el reconocimiento irrestricto de la propiedad privada y de los derechos de los productores agrícolas sobre sus tierras.

El potencial federal de un negocio millonario

Según estimaciones de la SRA, la consolidación de un mercado regulado de créditos de carbono podría representar para la Argentina un beneficio económico de aproximadamente 4.800 millones de dólares anuales. Este flujo de capital tendría un fuerte impacto federal, beneficiando de manera directa a regiones tradicionalmente postergadas.

Específicamente, se identifican las zonas del Nordeste Argentino (NEA), el Noroeste Argentino (NOA) y la Patagonia como las de mayor potencial. Estas regiones cuentan con vastas extensiones de tierras aptas para el desarrollo de proyectos de conservación, manejo sustentable y captura de carbono. «Estos recursos van a ir hacia regiones donde el desarrollo del país ha quedado inmovilizado ante la presión del ambientalismo extremo y leyes que generaron pobreza estructural», señaló al respecto Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA.

Propiedad privada vs. «bienes comunes»

La postura de la SRA introduce un debate doctrinario y constitucional sobre la naturaleza de los recursos ambientales. La entidad ya ha manifestado su rechazo tajante al concepto de «bienes comunes» aplicados a los servicios ecosistémicos de las tierras productivas. El propio presidente de la SRA, Nicolás Pino, fijó esta postura durante el discurso inaugural de la 138.ª Exposición Rural: «En la Argentina no hay bienes comunes, hay bienes públicos y bienes privados». Bajo esta óptica, los beneficios derivados de la captura de carbono pertenecen por derecho a los propietarios de la tierra que sostienen y ejecutan los proyectos, y no deben ser diluidos en estructuras estatales o intermediarios.

Por este motivo, la SRA defiende que los recursos de la comercialización de bonos de carbono lleguen de forma directa a los productores. De acuerdo con sus dirigentes, la intervención estatal excesiva conspira contra la viabilidad de estos mecanismos de mercado. «Las experiencias en el mundo nos muestran que cuando hay exceso de Estado esto no funciona», aseguró Andrés Costamagna, director de la SRA, insistiendo en que «es fundamental que estos proyectos sean de los privados».

El camino legislativo hacia el Senado

El trabajo de cabildeo de la SRA ya se ha traducido en un texto concreto de propuesta de ley. La entidad, junto a su área de Seguimiento Legislativo y el Área de Sostenibilidad, viene manteniendo rondas de negociación con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales.

En particular, la propuesta legislativa se consolidó tras un trabajo en conjunto con el equipo de la exsenadora salteña Flavia Royón. Nicolás Pino agradeció públicamente este consenso, destacando que el texto final respeta la propiedad privada y abre «enormes oportunidades» de desarrollo productivo y conservación para provincias como Salta y Jujuy.

Por su parte, Andrés Costamagna expuso los avances en el Congreso de la Nación, donde afirmó que han logrado redactar una propuesta «superadora» que se ajusta a las necesidades del país y que podría posicionar a la Argentina como un jugador clave en el mercado global, siempre que logre dictamen y sanción rápida en el Senado.

Asimismo, desde la Sociedad Rural señalan que la agenda de reformas debe ir más allá de la Ley de Carbono. Durante su exposición parlamentaria, Costamagna planteó la necesidad de introducir modificaciones en la Ley de Bosques vigente. La SRA argumenta que flexibilizar y actualizar este marco normativo es indispensable para compatibilizar la producción agropecuaria con la conservación y posibilitar la generación de empleo en las economías regionales.

De «humo» a dólares

Pese a las resistencias iniciales que enfrentó la iniciativa, los dirigentes de la Sociedad Rural se muestran optimistas sobre el avance de las negociaciones en el Congreso de la Nación, destacando que están «muy cerca de tener un proyecto que contemple todos los derechos de los productores».

Para Costamagna, este avance es el resultado de un esfuerzo sostenido que hoy comienza a mostrar resultados tangibles para el sector: «Para la SRA esta es una conquista. Cuando muchos nos decían que estábamos hablando de humo, nosotros seguimos trabajando. Estamos muy cerca de que ese humo se vuelva dólares».