Desde el pasado 7 de abril, la actividad agroexportadora en las terminales de Bahía Blanca y, fundamentalmente, en Puerto Quequén, se ha visto severamente afectada por un paro total y bloqueos de rutas. La medida, impulsada por un grupo de transportistas de granos autoconvocados, surgió inicialmente como un reclamo por la actualización de las tarifas de referencia ante el incremento en el precio del combustible. Sin embargo, a pesar de que las cámaras más representativas del sector acordaron nuevos valores a mediados de abril, un núcleo minoritario persiste en el corte de los accesos.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales denuncia que un grupo minoritario de autoconvocados mantiene de rehén a la economía nacional, con más de 30 buques en espera y graves amenazas a la seguridad de otros conductores.
Desde el pasado 7 de abril, la actividad agroexportadora en las terminales de Bahía Blanca y, fundamentalmente, en Puerto Quequén, se ha visto severamente afectada por un paro total y bloqueos de rutas. La medida, impulsada por un grupo de transportistas de granos autoconvocados, surgió inicialmente como un reclamo por la actualización de las tarifas de referencia ante el incremento en el precio del combustible. Sin embargo, a pesar de que las cámaras más representativas del sector acordaron nuevos valores a mediados de abril, un núcleo minoritario persiste en el corte de los accesos.
El impacto económico de este «estrangulamiento logístico» es crítico para el país. Se calcula que el ingreso de aproximadamente USD 450 millones se ha visto interrumpido debido a la imposibilidad de embarcar entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos. Esta parálisis ha dejado a más de 30 buques en espera (22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén), afectando no solo a los exportadores, sino también a toda la cadena de valor, incluyendo a productores, acopios y cooperativas.
Mientras que en Bahía Blanca la situación comenzó a normalizarse tras la intervención de las fuerzas de seguridad y el cese de la protesta por parte de los transportistas locales, en Puerto Quequén el panorama es de hostilidad. La Cámara de Puertos Privados Comerciales ha denunciado que los grupos que mantienen el bloqueo recurren a prácticas intimidatorias y amenazas de violencia física contra otros camioneros que desean trabajar, hechos que ya están bajo investigación judicial.
Ante la profundización del perjuicio logístico y el deterioro de la cadena de pagos, el sector portuario ha emitido un pedido urgente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Solicitan que, de manera inmediata y dentro del marco legal, se restablezca el orden para poner fin a estas prácticas calificadas como abusivas e ilegítimas, las cuales lesionan gravemente la competitividad y la economía nacional.
