Entidades rurales y legisladores presentaron una iniciativa para que el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) sea el único requisito de traslado, buscando terminar con cobros que consideran «injustos y distorsivos».

Productores agropecuarios de la provincia de Córdoba han iniciado una ofensiva legal contra el cobro de las guías de traslado de hacienda por parte de los municipios. La iniciativa, que tomó forma de proyecto de ley, surge tras la denuncia de que estas tasas funcionan meramente como una herramienta recaudatoria de los gobiernos locales, sin que exista una contraprestación de servicios real.

El texto fue elaborado de manera conjunta por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), el distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina y el legislador Oscar Agost Carreño. El objetivo central es que el sistema provincial de tránsito pecuario se adecue a las normativas nacionales, estableciendo la obligatoriedad del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) como único comprobante válido para el movimiento de ganado.

Un reclamo contra la «presión impositiva»

Desde el sector productivo, el secretario de Cartez, Federico Proietti, fue contundente al señalar que estas tasas «no tienen por qué cobrarse, porque son servicios que no se brindan«. Según los impulsores del proyecto, este tipo de gravámenes resultan «injustos, distorsivos y atentan contra la producción», equiparando el reclamo al que históricamente mantienen contra las retenciones nacionales.

Modernización y trazabilidad

Más allá de la cuestión impositiva, el proyecto de ley busca centralizar la gestión en sistemas digitales nacionales. Esto permitiría:

• Agilizar los procesos administrativos para los productores.
• Garantizar la trazabilidad sanitaria en todo el territorio provincial.
• Adaptar el régimen de marcas y señales a las tecnologías actuales para mejorar la competitividad del sector.

Si bien la iniciativa reconoce la autonomía de los gobiernos locales, establece una limitación clara: cualquier tasa municipal deberá estar debidamente justificada en servicios reales prestados al contribuyente. Con este movimiento, el campo cordobés busca generar un «efecto contagio» en otras jurisdicciones para sincerar los costos de producción y limitar las potestades recaudatorias de las comunas.

Fuente: Agrofy News