La Comisión de Enlace de Córdoba exige que la Legislatura debata de forma urgente los proyectos de ley que buscan poner fin al cobro de guías municipales en el transporte de ganado, denunciando que se trata de una carga económica sin ninguna contraprestación de servicios.

El sector agropecuario cordobés ha alzado la voz contra lo que define como una práctica recaudatoria injustificada: el cobro de tasas y cargos municipales vinculados a la intervención de los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) emitidos por el SENASA. Bajo el duro concepto de «cuatrerismo fiscal», los productores ganaderos denuncian que estos cobros se realizan sin que exista una contraprestación efectiva de servicios por parte de las comunas y municipios.

Mediante un comunicado de las entidades del campo, advirtieron por la parálisis legislativa de varios proyectos de ley presentados para dar una solución definitiva a esta problemática. El pasado 4 de marzo, el legislador Oscar Agost Carreño introdujo una iniciativa elaborada en conjunto con las entidades de la Comisión de Enlace, a la que se sumaron propuestas complementarias del legislador Matías Gvozdenovich. Sin embargo, a pesar de los constantes reclamos de sociedades rurales, cooperativas y productores, la Comisión de Agricultura de la Legislatura, presidida por Mariano Ceballos Recalde, aún no ha dado tratamiento a las propuestas.

Desde la Comisión de Enlace Regional Córdoba, los dirigentes sostienen que es imperativo reconocer y respaldar a aquellos intendentes y jefes comunales que ya han eliminado estos cobros por iniciativa propia, actuando con «apego a los valores republicanos». Para el sector, mantener estos mecanismos de recaudación desnaturaliza el concepto de tasa, que por definición debe responder a un servicio real, y afecta directamente la competitividad de quienes producen e invierten en el interior provincial.

«La producción agropecuaria necesita reglas claras, previsibilidad y una carga tributaria razonable», señalaron desde la Comisión de Enlace, enfatizando que avanzar en la eliminación de estas guías no solo corregiría una «inequidad histórica», sino que también enviaría una señal de apoyo a quienes generan arraigo y desarrollo en cada rincón de la provincia.

La urgencia del pedido radica en la necesidad de una decisión política clara que premie las gestiones responsables y deje de tolerar prácticas que el sector productivo identifica como una exacción injustificada sobre la inversión ganadera.