Hoy, en el Centro de Convenciones de Córdoba, CampoLimpio y AIDIS Argentina concretaron las IV Jornadas Internacionales sobre la Ley de Envases de Fitosanitarios. El evento reunió a referentes ambientales, el sector agropecuario y la industria del plástico. Con 97 centros de almacenamiento en todo el país y un sistema de gestión financiado íntegramente por la industria, la asociación civil busca eliminar los riesgos ambientales y de salud mediante el reciclado controlado de plásticos fitosanitarios.

La gestión de residuos en el sector agropecuario ha dado un giro fundamental en Argentina de la mano de Campo Limpio. Esta asociación civil, que comenzó sus actividades en el año 2020, está integrada por las industrias fabricantes de agroquímicos con un objetivo claro: implementar un sistema de recupero de envases de productos fitosanitarios para asegurarles un destino seguro y una reinserción controlada como nuevos productos.

Una solución a una problemática histórica

Históricamente, los envases vacíos de agroquímicos representaban un peligro latente. «Estamos hablando de una ley de reciclado que nace ante una problemática ambiental de un bidón enterrado, dejado a la vera de un camino, en un curso de agua o utilizado por circuitos informales», explicó María Pisanu, directora ejecutiva de la organización. Estas prácticas no solo dañan el medio ambiente, sino que ponen en riesgo la salud pública al reingresar el plástico contaminado en destinos no aptos.

Para combatir esto, el sistema se basa en la responsabilidad extendida del productor. La industria no solo se encarga de fabricar y vender, sino que financia al 100% la logística de recuperación y reciclado. El proceso funciona como una «carrera de postas» donde cada actor —desde el fabricante hasta el productor y aplicador— debe cumplir su rol para cuidar el entorno.

Infraestructura y certificación

Actualmente, Campo Limpio cuenta con 97 centros de almacenamiento (CAT) activos en todo el país, complementados con jornadas de recepción itinerante en zonas específicas. El productor tiene la obligación legal de entregar sus envases previamente lavados en estos centros.

Como incentivo y garantía de cumplimiento, la asociación otorga el único certificado ambiental del país que acredita que el productor ha gestionado correctamente sus residuos. Este material recuperado es enviado exclusivamente a tratadores habilitados que lo transforman en productos finales que no tengan contacto directo con las personas o el ambiente, cerrando así el círculo de la economía circular.

El caso modelo de Córdoba

En el contexto nacional, la provincia de Córdoba se destaca por su rápida adaptación. Según Pisanú, la provincia ya contaba con una ley previa de agroquímicos que fomentaba la devolución de envases, lo que «allanó muchísimo el camino para la implementación del sistema» actual.

Desafíos a futuro

A pesar de los logros, el desafío persiste. El objetivo hacia adelante es consolidar una economía circular donde el plástico recuperado sea valorado por el consumidor y se reduzcan al mínimo las huellas ambientales. «Tenemos el desafío como sociedad completa de construir una economía circular, de que ese plástico tenga destinos y sea valorado», concluyó la directiva, subrayando la necesidad de encontrar formas sostenibles y económicas de gestionar los residuos del siglo XXI.