Es por eso que la reunión fue una especie de síntesis «muy buena» del camino que recorrerá el país en los próximos meses: el reclamo por el costo argentino y la promesa de una reforma fiscal para ganar competitividad.
En ese rumbo, la Copal se llevó ayer la promesa de que este año se trabajará en una propuesta integral de reforma que recién se aplicará el año que viene, aunque algunos arriesgan que podría presentarse públicamente después de las elecciones legislativas de octubre. Ante el silencio oficial, los empresarios reclamaron, por lo menos, un cronograma pero ayer se fueron con las manos vacías.
«Hoy estamos con un fuerte problema de competitividad», afirmó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal: «Y, en parte, ese problema tiene base fiscal». El vicepresidente de la UIA aseguró que el principal tributo que golpea a la industria es el de Ingresos Brutos. «Es un impuesto en cascada extremadamente distorsivo», dijo y afirmó, como ejemplo, que la aplicación de un 1,8% en toda la cadena suma una presión de casi el 10%. La presión fiscal en los alimentos llega al 40,3% sumando las tasas municipales e impuestos provinciales y nacionales. Esto quiere decir, que de cada $ 100 que se gastan en alimentos unos $ 40 son impuestos.
«La pesada carga tributaria y los costos laborales no salariales atentan contra la competitividad de la industria de alimentos y bebidas, en especial de las pymes y economías regionales«, señaló Funes de Rioja, y agregó: «Necesitamos encarar una segunda generación de reformas para volver a crecer, alcanzando la competitividad hoy resentida». Además, el sector reclamó trabajar sobre los convenios de corresponsabilidad gremial y en una simplificación burocrática.
«Fue una muy buena reunión y queremos seguir recibiendo a todos los sectores», afirmó a este medio un vocero del ministro de Hacienda. «Lo que principalmente estamos pidiendo es que cuiden el empleo», señaló. Este pedido se da en momentos en que el Gobierno criticó con dureza a algunos sectores, sobre todo industriales, por «incumplir» el pacto antidespidos sellado en noviembre. Para los empresarios, ese acuerdo dependía de la coyuntura económica, que no fue buena en 2016.
Sobre la reforma tributaria, cerca de Dujovne afirmaron que 2017 «será un año para preparar un proyecto y presentárselo al Presidente». En Hacienda indicaron que no creen que este año se lleve ese plan integral al Congreso. «Hay que esperar», anticiparon. Según supo este medio, en Casa Rosada están más interesados aún en reducir el déficit fiscal y llegar a un equilibrio en 2019. La prioridad del Gobierno es bajar el costo de capital. En ese camino, una reforma tributaria es difícil de encarar. No obstante, en la anterior gestión de Hacienda se mostraban esperanzados con que Mauricio Macri lanzara ese plan en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del año que viene.