El peso del Estado sobre la producción agropecuaria argentina se mantiene en niveles elevados. De acuerdo con el Índice FADA de junio de 2026, la participación del Estado en la renta agrícola es del 61,9%. Esto implica que, una vez descontados los costos de producción, casi 62 de cada 100 pesos generados por el campo se destinan al pago de impuestos en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.
Según el último Índice FADA, de cada $100 que genera una hectárea, $61,9 se destinan al pago de impuestos. La suba de los fletes y del precio de la urea por conflictos internacionales condicionan la rentabilidad del sector.
El peso del Estado sobre la producción agropecuaria argentina se mantiene en niveles elevados. De acuerdo con el Índice FADA de junio de 2026, la participación del Estado en la renta agrícola es del 61,9%. Esto implica que, una vez descontados los costos de producción, casi 62 de cada 100 pesos generados por el campo se destinan al pago de impuestos en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.
Aunque la cifra representa una leve baja respecto al 62,5% registrado en marzo, la presión sigue siendo una preocupación central para los productores. El resto de la renta se reparte en un 29,7% para el arrendamiento de la tierra y apenas un 8,5% de ganancia neta para el productor.
El trigo, entre la baja de retenciones y mejores precios
El cultivo de trigo ha mostrado una recuperación notable en sus márgenes. Su participación estatal bajó al 73,6%, una cifra considerablemente menor al alarmante 104,4% que marcaba en marzo. Esta mejora se explica por una combinación de factores: un aumento del 15,5% en su precio respecto al trimestre anterior y la reducción de las alícuotas de derechos de exportación, que pasaron del 7,5% al 5,5%.
«La combinación de mejores precios y la baja de retenciones ayudó a los números del trigo», señala Fiorella Savarino, economista de FADA. Sin embargo, la soja (61,7%), el maíz (59%) y el girasol (68,1%) siguen enfrentando escenarios diversos de presión fiscal.
Los costos: urea y fletes al alza
Uno de los principales focos de alarma es el costo de los insumos. La urea, fertilizante fundamental para la actividad, acumula un incremento del 48% en lo que va del año. Este aumento es consecuencia directa de la inestabilidad en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz. En términos de poder de compra, hoy se necesitan 4 toneladas de maíz o 3,4 de trigo para adquirir una sola tonelada de este fertilizante.
Por otro lado, el maíz ha sido el cultivo más golpeado por el aumento de los costos logísticos. Mientras su precio apenas subió un 1,2% desde marzo, los fletes aumentaron un 26% en el mismo periodo. «Los aumentos en transporte afectan especialmente a las provincias más alejadas de los puertos», advierte Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. En provincias como Córdoba, San Luis o La Pampa, se estima que 2 de cada 10 camiones de maíz producidos se gastan únicamente en cubrir el traslado.
Federalismo y coparticipación en debate
El informe también pone la lupa sobre el destino de la recaudación. El 56,7% de los impuestos son nacionales no coparticipables, lo que incluye principalmente derechos de exportación e impuesto al cheque. Esto significa que más de la mitad de los recursos extraídos del campo salen de las regiones productivas sin volver de manera directa a las provincias donde se generaron.
La presión tributaria varía según la jurisdicción: Entre Ríos registra el índice más alto con 65,5%, seguida por Córdoba (60,2%), Buenos Aires (59%), La Pampa (58,9%) y San Luis (58,2%), mientras que Santa Fe presenta el número más bajo con un 55,6%. Estas diferencias están ligadas a los costos de producción locales, las distancias logísticas y la estructura impositiva propia de cada provincia.




Fuente: FADA












