La cartera agropecuaria nacional termina el año con la mayor cantidad de autorizaciones de productos biotecnológicos de la historia, lo que marca un liderazgo a nivel tanto regional como mundial para el sector.
La Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía autorizó durante este año 25 productos biotecnológicos, tanto en vegetales como en microorganismos, cifra que representa un hito histórico ya que constituye el 24,53% del total de aprobaciones en nuestro país en 28 años.
Se trata del mejor resultado de uso seguro de cultivos biotecnológicos en el país y marca una línea de trabajo enfocada en agilizar los plazos de los trámites de evaluación, autorización y registro de cultivares, vacunas y levaduras modificadas genéticamente. En este sentido, supera ampliamente el mayor número anual alcanzado en 2018, con 16 productos aprobados.
El proceso de evaluación se realiza a través del trabajo de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), formada por un grupo interdisciplinario e interinstitucional de expertos en la biotecnología agropecuaria; y el SENASA. Cada entidad garantiza la seguridad para el agroecosistema, inocuidad alimentaria para consumo humano y animal, y los impactos productivos y comerciales de su liberación a gran escala.
Asimismo, se destacan este año también los 19 productos biotecnológicos autorizados en microorganismos de uso agropecuario y agroindustrial que contribuyen a mejorar la productividad del agro argentino. Sobresalen las levaduras para potenciar la producción de bioetanol y las vacunas genéticamente modificadas para controlar enfermedades en porcinos y aves de producción agropecuaria.
La Argentina también es un gran productor de semillas biotecnológicas a contra estación, principalmente de maíz y soja que se producen para exportar a otros países. Este año nuestro país tuvo un pico de exportación comparado con los últimos 5 años, que se explica en gran medida por la apertura comercial hacia el conocimiento biotecnológico aplicado. Esto se traduce en un mejor posicionamiento de la Argentina en la industria semillera y un mayor ingreso de divisas para contribuir a la macroeconomía.
