El proyecto enviado al Congreso contempla la baja de 837 cargos, un ajuste del 39,6% en los ingresos totales del organismo y un impacto directo en las áreas de extensión e investigación aplicada.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrentará en 2027 un esquema con menos presupuesto, reducción de cargos y achique de actividades, según el proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. De concretarse el plan oficial, los gastos operativos del organismo descenderán un 12,4% en términos nominales, pasando de $360.124 millones en 2026 a $315.538 millones en 2027 (una diferencia de $44.586 millones sin contemplar la inflación del período).

La reducción en la plantilla de personal contempla una disminución del 11,7%, bajando de 7.145 puestos en 2026 a 6.308 en 2027. Esta baja representa 837 cargos menos, proceso que se enmarca en la reestructuración iniciada a principios de 2025 que incluyó modificaciones en agencias de extensión, eliminación de cargos jerárquicos y programas, planes de retiros voluntarios y venta o desafectación de bienes. Aunque en 2025 el Congreso y la Justicia frenaron el intento oficial de quitarle la autarquía al organismo, el proceso de achique estructural continuó en sus planillas.

El mayor impacto: investigación aplicada y extensión rural

El recorte de personal se concentrará fuertemente en el programa de Investigación Aplicada, Innovación, Transferencia de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE), el cual absorberá 696 bajas (el 83% del total de cargos reducidos). Esta área es la encargada de articular directamente con los productores agropecuarios en el territorio, brindar capacitaciones y transferir desarrollos tecnológicos en las distintas regiones productivas del país.

Los 141 cargos restantes que se darán de baja corresponden a las áreas de Actividades Centrales (71 puestos menos) y al programa de Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (70 puestos menos).

Esta disminución de profesionales vendrá acompañada por un achique directo en la operatividad del instituto:

• Actividades en proyectos: Las tareas previstas en proyectos nacionales y regionales se reducirán a la mitad, cayendo de 3.000 a 1.500 actividades.
• Atención a productores: La meta de atención de consultas a productores, técnicos y actores del sector agropecuario descenderá de 4.933 en 2026 a 3.074 en 2027 (un 37,7% menos).

Cambio de financiamiento y destino de los fondos

El presupuesto proyectado modifica de manera estructural la caja del INTA. En 2026, el instituto contaba con ingresos provenientes de los derechos de importación (que aportaron $513.034 millones) y de la Tasa de Estadística. Para 2027, el proyecto elimina el aporte por derechos de importación, dejando únicamente la Tasa de Estadística junto a los aportes generales del Tesoro.

Como consecuencia, los recursos totales del INTA sufrirán una caída del 39,6%, al pasar de $905.711 millones a $546.874 millones (una pérdida de $358.837 millones).

De la masa total de $546.874 millones previstos para 2027:

• $315.538 millones se utilizarán para cubrir los gastos del organismo.
• $231.337 millones (cerca del 42% del total de ingresos) figuran calificados como “aplicación financiera”, sin estar destinados en las planillas al funcionamiento ni a las tareas técnicas del instituto.

Pese a las restricciones presupuestarias y de personal, el Gobierno señaló entre sus objetivos para el trienio 2027-2029 la meta de «optimizar funciones de la administración central», «eficientizar gastos» e impulsar inversiones en infraestructura y equipamiento para campos experimentales e incubadoras de empresas.

Fuente: La Nación