Las inundaciones revelan la fragilidad de los seguros

Productores y compañías coinciden en que las coberturas son limitadas; creen que el Estado debería tener un rol más activo.

Más de 100.000 ha inundadas en Córdoba
Más de 100.000 ha inundadas en Córdoba.

Las miles de hectáreas bajo el agua durante más de un año en el sur de Córdoba y Santa Fe además de abrir el debate sobre los problemas de infraestructura, reactualizan la discusión sobre el mercado de los seguros agropecuarios en el país. Expertos consultados coinciden en que las coberturas son “muy limitadas” y en que el Estado debería tener un rol más activo.

Según los últimos datos de la Oficina de Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria, en el país hay unas 18 millones de hectáreas aseguradas, el 48 por ciento de la superficie sembrada. El seguro de daños es el más usado, en especial la cobertura que indemniza por granizo (63 por ciento de las pólizas) mientras que el multi riesgo representa el 1,7 por ciento del total. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe representan el 80 por ciento de los seguros emitidos.

El desarrollo de un seguro por inundación no es sólo una deuda para el campo, sino para todos los sectores. Andrés Artopoulos, director de Leza, Escriña & Asociados y perito de aseguradoras, insiste ante este medio en que las coberturas son “muy limitadas y algunas, como las de ganado, no están desarrolladas”.

Adjudica la situación a que el mercado financiero en general es poco evolucionado en el país y a que la mayoría de las empresas que operan en Argentina tienen casas matrices en el exterior, de donde importan sus productos: “Como el campo no es tan importante en otras economías, las alternativas que se ofrecen son limitadas”.

Distingue entre los seguros agrícolas y los de patrimonio. Los primeros son para los cultivos y, en el caso de inundaciones, la cobertura es para la “falta de piso”, cuando no se puede cosechar. Si el campo lleva meses anegados, no lo alcanza, tampoco si lo sembrado no alcanzó determinada altura.

José Manubens Calvet, presidente de Confederaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), señala  que “hace tiempo” que reclaman una ampliación de la cobertura y un mayor compromiso del Estado. “Tenemos unas 100.000 hectáreas bajo agua en la zona 1 de Córdoba, en Marcos Juárez; se perdió todo. El productor tiene que echar mano a sus ahorros para sembrar el próximo año porque ya el suelo no se lo permite y las aseguradoras no cubren”, ejemplifica.

Entiende que el Estado “debería dar un puntapié inicial para que las empresas se sienten a negociar nuevas condiciones”. Artopoulus coincide en que hace falta una política pública. Aporta que en buena parte del mundo los seguros agrícolas tienen un componente de subsidios y de una estrategia estatal que los impulsa.

Para graficar indica que las coberturas “más ‘jugadas'” para el campo fueron instrumentadas por compañías estatales, como Nación o provincia. “El Estado tiene que hacer algo, no puede esperar a que el mercado sólo resuelva el problema”, agrega.

Andrés Martino, jefe de Suscripciones de Sancor Seguros -empresa integrante de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Seguro Agrícola-, entiende el planteo de los productores: “En la pampa húmeda no hay apoyo estatal; en otras regiones hay algunos programas puntuales”. Plantea que en esa región clave el 60% de la zona cultiva tiene cobertura pero “sólo de granizo”.

Explica que las coberturas multi riesgo -entre ellos falta y exceso de agua- implican situaciones muy complejas que involucran “la posibilidad de pérdidas catastróficas que es muy difícil de abordar sólo por el sector privado; las primas son muy altas, casi inaccesibles para el productor y las pérdidas potenciales difíciles de ser reaseguradas”.

Las proyecciones sobre el clima marcan un incremento en la gravedad y frecuencia de las inundaciones, lo que significa que el costo de reconstrucción seguirá subiendo, un tema que constituyen una preocupación central del sector reasegurador.

A ese aspecto se agregan las resoluciones que el gobierno kirchnerista instrumentó en 2015 y que impactaron en el mercado, como son la obligación de las compañías de mantener activos en la misma moneda que sus pasivos.

fuente: La Nación / Campo

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