En el marco de una creciente demanda por mayor claridad en la gestión de los recursos naturales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, junto a la Secretaría de Ambiente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC y ADIRE, llevó adelante una jornada de capacitación técnica que reunió a más de 120 profesionales. El encuentro puso el foco en la complejidad de la Ley de Bosques y los desafíos que enfrentan los consultores ambientales ante la digitalización de los trámites estatales.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos advierte sobre la falta de reglas claras y la inconsistencia en los trámites digitales, mientras impulsa jornadas de actualización para profesionales ante un marco legal que consideran «parado» en la provincia.
En el marco de una creciente demanda por mayor claridad en la gestión de los recursos naturales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, junto a la Secretaría de Ambiente y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, llevó adelante una jornada de capacitación técnica que reunió a más de 120 profesionales. El encuentro puso el foco en la complejidad de la Ley de Bosques y los desafíos que enfrentan los consultores ambientales ante la digitalización de los trámites estatales.
Un sistema burocrático en constante cambio
El ingeniero agrónomo Horacio Vidal (Mat. 2581), coordinador del área de ambiente del Colegio, destacó que la digitalización ha agilizado procesos para los técnicos del interior, pero también ha generado una brecha de información debido a las constantes modificaciones en la presentación de expedientes. Actualmente, trámites que antes se presentaban de forma unificada ahora requieren una instancia previa de prefactibilidad de la documentación del campo antes de poder avanzar con el plan de manejo propiamente dicho. «No a todos nos llega la información de cómo presentarlos», señaló Vidal, subrayando la importancia de estas instancias de formación.
El reclamo por reglas claras
Más allá de lo técnico, el sector advierte sobre una situación institucional crítica. Según Vidal, existe una necesidad inminente de modificar la ley, tanto a nivel nacional como provincial, debido a que el ordenamiento territorial no es público, lo que impide a los productores conocer con certeza la situación legal de sus tierras.
Esta falta de transparencia se traduce en problemas graves de infracciones. Vidal denunció la existencia de multas «sumamente altas» que, en ciertos casos, llegan a triplicar el valor de los campos. Asimismo, señaló una preocupante falta de coordinación dentro de la administración pública: el Tribunal Administrativo exige requisitos para el pago de multas que no coinciden con la metodología de la Secretaría de Ambiente para los planes de manifiesto. «Hay que parar la pelota y acomodar las cosas antes de seguir jugando», sentenció el especialista.
El conflicto de las «áreas rojas»
Uno de los puntos de mayor tensión se encuentra en el norte cordobés, donde productores ganaderos reclaman la posibilidad de integrar el bosque con la actividad productiva. Vidal comparó la situación de Córdoba con provincias como Santiago del Estero, señalando que en territorio cordobés existe una excesiva superficie catalogada como «áreas rojas», donde se prohíbe cualquier tipo de intervención.
A pesar de los intentos por generar un «cambio de paradigma» —discutido recientemente en encuentros en la Rural de Deán Funes—, la actividad legislativa en Córdoba permanece estancada. «Está todo muy parado, tanto en la modificación del decreto reglamentario como en la ley en sí», explicó el ingeniero.
Ante este escenario de incertidumbre legal, el Colegio de Ingenieros Agrónomos planea continuar con este ciclo de asesoramiento, abordando próximamente temas específicos como el SICPA, ((Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal) con el fin de brindar herramientas a los técnicos que deben lidiar diariamente con una normativa que consideran agotada.











