La Dirección General de Fiscalización y Control intensificó las inspecciones en distintos departamentos de la provincia para garantizar el cumplimiento de las normativas de fitosanitarios y de seguridad alimentaria.

El Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, a través de su Dirección General de Fiscalización y Control, llevó a cabo una serie de operativos de oficio y por denuncia en diversos puntos del territorio provincial. Las acciones resultaron en la clausura de equipos de pulverización y el decomiso de una importante cantidad de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones de salubridad exigidas por la ley.

Rigurosos controles fitosanitarios

En las localidades de Charras, Jesús María y Oncativo, pertenecientes a los departamentos Juárez Celman, Colón y Río Segundo, los inspectores verificaron el cumplimiento de la Ley Provincial N.° 9164. El objetivo de estos procedimientos fue supervisar la correcta utilización de la Receta Fitosanitaria Digital (RFD), la habilitación de los equipos de pulverización y la situación legal de los depósitos de productos químicos.

Como resultado de estas actuaciones, las autoridades dispusieron el cese inmediato de actividad y la clausura de un equipo pulverizador que carecía de registro y habilitación ante el Ministerio. Asimismo, se intimó a los productores locales a regularizar la situación de sus equipos vencidos y a tramitar la RFD obligatoria para cada aplicación. Según recordaron desde el organismo, toda aplicación debe contar con la prescripción de un Asesor Fitosanitario y ser realizada por operarios habilitados.

Golpe al faenamiento clandestino

Por otro lado, en el departamento Santa María, un operativo conjunto entre técnicos del ministerio y personal de la Patrulla Rural permitió desarticular un centro de faenamiento clandestino en Villa San Nicolás. La intervención se produjo tras recibir denuncias sobre comercialización irregular de carne en la zona.

Al ingresar al establecimiento, se constató que las instalaciones no reunían las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos. Además, los responsables no pudieron acreditar los análisis sanitarios de la carne ni poseían las habilitaciones requeridas.

Ante el riesgo para la salud pública, se procedió al decomiso de más de 150 kilogramos de carne, la cual fue trasladada a un frigorífico para su destrucción. También se secuestraron las herramientas utilizadas para la faena ilegal. Estas actuaciones se fundamentaron en el Código de Convivencia Ciudadana (Ley N° 10.326) y las leyes de Faenamiento (N° 6.974) y de Marcas y Señales (N° 5.542).

Garantía de seguridad alimentaria

Las autoridades subrayaron que, para garantizar la salubridad del consumo, los productos cárnicos deben provenir exclusivamente de establecimientos autorizados que cuenten con controles sanitarios y sistemas de trazabilidad.

Para mantener la vigilancia sobre estas actividades, el Ministerio recordó que se encuentran disponibles canales de denuncia. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono 0800-8888-2476 o utilizar la plataforma digital oficial de la Dirección General de Fiscalización y Control.